You had one job
Se presentó el Informe 2022 de Reincidencia del Delito en Argentina y tal parece que las cárceles no son ese lugar idílico para la reinserción social que hubiéramos pensado.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
You had one job
El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentó el Informe 2022 de Reincidencia del Delito en Argentina. Como principales resultados, muestra que entre 2002 y 2019 aumentó en un 117% la población carcelaria y que solo dos de cada diez internos participan de un programa de capacitación laboral. Esto último, señalan, tiene consecuencias directas en la reincidencia del delito.
El director del Centro, Marcelo Bergman, dijo que el principal reclamo es que se produzcan estadísticas oficiales y fidedignas para poder realizar una buena política de reinserción. Según datos del informe, cada año salen de las cárceles al menos 20.000 personas y, si bien no hay datos actualizados, se estima que siete de cada diez presos vuelven a delinquir en el primer año luego de recuperar su libertad. El documento remarca como conclusión que la re-vinculación con el delito es el resultado del fracaso del proceso de reinserción social.
¿Por qué se habla de fracaso en el proceso de reinserción?
Según el informe, aunque se destina una enorme cantidad de recursos para financiar las instituciones carcelarias, las políticas públicas no alcanzan a abordar las dificultades de las personas que salen de las cárceles. Otro grave problema es que durante el encierro solo una pequeña parte de los internos participa en programas educativos y laborales, y un porcentaje muy bajo accede a trabajo remunerado. Esto, señalan, tiene una incidencia directa en las dificultades para acceder al mercado laboral una vez que cumplen su condena. Como apostilla, uno de los principales obstáculos para la reinserción es que tanto las empresas como el Estado piden Certificados de Antecedentes Penales como requisito para entrar a trabajar. Y si quienes tienen antecedentes penales son rechazados en los empleos públicos y privados: ¿cuál es la reinserción posible?
Reinserción: ni durante ni después
Al hablar de reinserción el informe también se detiene en un dato ya conocido, el de las condiciones generales de detención: según una encuesta del Centro, en 2019 en cárceles bonaerenses y federales sólo el 60% de los detenidos tenía una cama donde dormir, uno de cada dos dijo no recibir atención médica al enfermarse, y la mitad declaró haber visto cómo golpeaban a alguno de sus compañeros. Además, solo el 30% de las personas privadas de su libertad manifestaron tener acceso dentro del penal a servicios que los preparan para la reinserción.
Para muestra basta un botón (no pun intended)
En la Ciudad de Córdoba, familiares de personas privadas de su libertad convocan para mañana a una movilización para denunciar las condiciones de insalubridad, hacinamiento y riesgo de vida en todos los complejos penitenciarios cordobeses y para exigir el cumplimiento de las leyes y la garantía de los Derechos Humanos. En un comunicado, sostienen que en la provincia menos del 10% de la población carcelaria accede a educación; que el derecho a la salud es vulnerado cotidianamente a tal punto que la mayoría de las muertes se producen por falta de asistencia médica; y que quienes logran acceder a un trabajo reciben un salario que no llega al 25% de un sueldo básico. Además, denuncian que se obstaculizan las visitas para quienes no tienen un vínculo de sangre o legal directo con los presos. ¿Resocialización dentro del sistema carcelario? Jajan’t.
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Otras noticias
ASESINATO DE VALENTINO BLAS CORREA
Mañana empieza el juicio por jurados a los 13 policías acusados por la muerte de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años que en 2020 fue asesinado de un balazo por la policía cordobesa. Valentino iba con tres amigos en el auto de su amigo Juan Cruz Camerano Echevarría cuando los policías le hicieron señas al conductor para que frenara en el puesto de seguridad, pero Juan Cruz aceleró porque cuando estaba por detenerse vio que uno de los policías lo apuntaba con un arma en la cabeza. Al escapar, los oficiales dispararon varios tiros y uno de ellos mató a Valentino. Además, los policías serán juzgados por intentar simular un enfrentamiento y, para ello, plantar un arma cerca del lugar donde fue encontrado el auto de los jóvenes.
Además, hay otra causa que fue elevada a juicio: después del ataque, los amigos llevaron a Valentino al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. Los empleados del lugar Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo están imputados por abandono de persona y omisión de auxilio.
ASESINATO DE LUCAS VERÓN
La semana pasada hablamos de la condena que recibieron los policías que mataron a Lucas Verón y que intentaron asesinar a Gonzalo, el amigo que estaba con él esa noche. Pero además se conoció que también serán juzgados los policías acusados de encubrir el crimen. El entonces segundo jefe departamental de La Matanza Diego Ocampos, el comisario Daniel Quinteros y la suboficial María Giselle Genezto irán a juicio por intentar desviar la investigación por medio de amenazas a testigos y manipulación de actas. Además, queda la causa que investiga al fiscal Juan Pablo Tahtagian, a quien la familia de Lucas denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otras cosas por delegar la investigación en la misma policía acusada del homicidio, lo que permitió que los acusados manipularan actas y amenazaran a los testigos.
JUICIO ORAL POR EL CRIMEN DE MARIANELA RAGO
La justicia fijó el comienzo del juicio oral por el crimen de Marianela Rago Zapata para agosto de 2023. Marianela había llegado desde Río Grande a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar periodismo, pero en 2010 su hermano la encontró degollada y con 23 puñaladas en su departamento de Balvanera. El único imputado por el crimen es su exnovio, Francisco Amador, quien está acusado de homicidio simple ya que la figura de femicidio fue incorporada al Código Penal en 2013.
Según fuentes judiciales, el juicio oral demorará casi un año porque tanto la fiscalía como la querella enviarán a Estados Unidos un pedido para recuperar correos electrónicos y chats de Facebook entre Marianela y Amador, algo que la Justicia argentina no pudo lograr por las políticas de seguridad de esas empresas norteamericanas.
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