Una mamushka de violencias
Matías Vásquez está internado en estado crítico luego de que un policía le disparara a quemarropa. Empieza un nuevo juicio contra los acusados del femicidio de Lucía Pérez. Doble femicidio en Jujuy.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
De Cuarta
Matías Vásquez tiene 22 años y está internado en estado crítico con asistencia mecánica respiratoria luego de haber sido baleado a quemarropa por un policía de la Comisaría Cuarta de Cipolletti. El sábado a la mañana, Matías salió del boliche Kapela y tuvo una pelea con otro joven a 100 metros del lugar, en la plaza San Martín. Según los testigos, cuando llegaron los policías no intentaron separarlos sino que se bajaron del patrullero y el oficial Franco Águila le disparó a Matías a menos de dos metros de distancia: la bala le perforó el pulmón y le fracturó al menos cuatro costillas. El tío de Matías contó que los policías se quedaron mirando mientras sus amigos intentaban llevarlo al hospital. Águila está imputado por el delito de lesiones gravísimas agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo policial y quedó detenido con seis meses de prisión preventiva.
De acuerdo con el abogado defensor de Águila, hubo un forcejeo entre Matías y el oficial en el que el joven se acercó al arma y disparó accidentalmente. O sea que según la defensa, Matías Vásquez se autodisparó en las costillas. Bárbaro.
La jueza Rita Lucía desestimó los argumentos de la defensa y dejó firme la sentencia de prisión preventiva. Por su parte, el abogado querellante presentó el testimonio del joven que se peleó con Matías en la plaza, quien aseguró que no existió tal forcejeo y que el agente primero disparó dos veces al aire y luego hizo un tercer disparo a corta distancia, en dirección a Matías.
La política de Estado es que no tengas que internarte
Como en una mamushka de violencias institucionales, Matías tuvo que ser internado en la guardia del hospital zonal, ya que no hay suficientes camas en terapia intensiva: según denunciaron los trabajadores de la salud de la ciudad, hace dos semanas cerró la UTI que tenía nueve camas debido a negociados entre la Provincia y el sector privado, por lo que uno de los hospitales de mayor complejidad de la zona tiene apenas cinco camas.
La letra chica
La Policía de Río Negro separó preventivamente de sus funciones al acusado y emitió un comunicado en el que aseguran que no se permitirá violencia institucional y que se encuentran a la espera de la investigación judicial para determinar los pasos a seguir, en el marco del irrestricto respeto al derecho y las leyes. Hasta acá, todo bien. El tema es que esta comisaría ya tiene varias denuncias por abusos policiales: sin ir más lejos, en agosto de 2020 oficiales de la Comisaría Cuarta persiguieron a dos jóvenes cuando ingresaban en moto al barrio Costa Norte y uno de ellos recibió un disparo en la cabeza que le provocó muerte cerebral. ¿En qué quedamos, se permite o no la violencia institucional?
Coincidentemente, durante la última dictadura militar -cuando llevaba el nombre de Comisaría 24-, la Cuarta funcionó como centro clandestino de detención. Y, si bien ya no es un edificio clandestino, las prácticas que allí se llevan adelante se le parecen bastante. En una entrevista que dio hace algunos años a la agencia APP, Néstor Busso, secretario de Derechos Humanos de Río Negro, sostuvo que los Jefes de la Policía de Río Negro participaron activamente durante la dictadura en actos de terrorismo de Estado. Es difícil creer que con el fin de la dictadura esas estructuras complejas y sus funciones hayan dejado de existir inmediatamente. Por el contrario, es una de las tantas deudas de la democracia la revisión de las estructuras bajo las cuales actúan las fuerzas de seguridad, y, en este caso en particular, se vuelve sumamente palpable: ¿Qué hacer con una comisaría ex-centro clandestino de detención en la que sistemáticamente se cometen abusos, torturas y vejaciones?
Una enumeración del horror
La Policía de Río Negro dice que no van a admitir violencia institucional, pero en junio de 2020 otro joven habitante de barrios humildes de Cipolletti denunció que fue detenido ilegalmente, golpeado y empalado en un calabozo de la comisaría 45 del barrio Anai Mapu. Comisaría que en mayo de 2020 ya había sido allanada por denuncias de golpizas y vejaciones durante las detenciones. También está el caso de Nicolás Scorolli, asesinado en Cipolletti en 2011 de un tiro en la cabeza por el cabo David Carrasco luego de una persecución. O el de un adolescente de 15 años que en 2015 perdió la visión de un ojo producto de un disparo de la policía durante una brutal golpiza a un grupo de jóvenes a la salida de un boliche.
Los casos de violencia policial se acumulan no solo en Río Negro: el fin de semana, en Córdoba policías de civil golpearon brutalmente a un joven; en la Ciudad de Buenos Aires, en 2019 el oficial Esteban Ramírez mató de una patada a un hombre en el barrio de San Cristóbal; a Kevin Nahir González Ejea, de 18 años, lo fusiló en febrero una oficial de la Policía de Mendoza en un caso bastante parecido al de Matías Vásquez. Y, desafortunadamente, podría seguir con el listado durante unos cuantos párrafos.
Insisto: ¿Qué hacer con las fuerzas de seguridad, con el servicio penitenciario, con las fuerzas del Estado? ¿Qué hacer con la Policía de Cipolletti, con la Policía de Río Negro, con la Policía de cada una de las provincias de Argentina?
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Otras noticias que son un jonba
El 22 de agosto comenzará en Santa Fe el juicio por el femicidio de María Cecilia Burgadt, la enfermera que fue asesinada por su expareja en 2019. Tanto la Fiscalía como la querella adelantaron que pedirán la prisión perpetua de Sebastián Maschio, de 51 años, quien reconoció haber matado a Cecilia y que está imputado de los delitos de estafa y de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por haberla asesinado para ocultar otro delito y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer en un contexto de violencia de género.
En julio comienza un nuevo juicio contra los acusados del femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años abusada y asesinada en Mar del Plata en 2016. Matías Farías y Juan Pablo Offidani serán enjuiciados nuevamente luego de que el proceso que derivó en su absolución fuera anulado por la Cámara de Casación Penal bonaerense y cuestionado por no haber tenido perspectiva de género, ya que, entre otros espantos, el fallo sostenía que no había elementos para sostener que no había existido consentimiento ya que la adolescente no era virgen, “tenía carácter fuerte” y supuestamente era habitual su consumo de drogas. En 2020, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense revocara el fallo de primera instancia, los jueces Viñas y Gómez Urso fueron suspendidos para ser sometidos a un jury.
El 8 de octubre de 2016 Lucía fue drogada, abusada sexualmente y asesinada luego de acercarse a la casa de Farías. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Lucía había conocido a Farías y a Offidani un día antes, cuando ellos fueron a la puerta de su escuela para venderle marihuana. La muerte de Lucía dio origen al primer paro nacional de mujeres, el 18 de octubre de 2016.
El viernes fueron asesinadas Pamela y Ramona Gorosito. Por el doble femicidio buscan a Javier Broi, ex pareja de Pamela y padre de sus dos hijos, que el viernes apareció armado con un machete y una escopeta en la casa de Graciela Segundo, su ex suegra, y asesinó a Pamela, que había ido de visita. Los vecinos escucharon los gritos y alertaron a Graciela y a Ramona, que habían salido y volvieron corriendo a la casa. Broi mató a Ramona de un disparo en la cara y golpeó a Graciela, que quedó internada. Pamela lo había denunciado varias veces por violencia de género, había cambiado de trabajo y se había mudado de Jujuy a Salta para vivir con su hermana. También, ese mismo viernes, había hecho una nueva denuncia luego de que Broi se apareciera, la golpeara y amenazara con matarla. Entonces la fiscal Claudia Moreno imputó a Broi por violación de domicilio en contexto de violencia de género, ordenó que fuera detenido y dispuso una consigna policial frente a la casa de las hermanas Gorosito. Pero el móvil policial no se ocupó ni de detenerlo ni de proteger a Pamela. La Justicia ahora investiga a los dos policías asignados por no haber aprehendido a Broi y por no haber cumplido con la consigna policial indicada.
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