Una ley contra el negacionismo
En un contexto donde proliferan discursos negacionistas y de odio se debate en Comisiones un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo en nuestro país.
Una ley contra el negacionismo
En un contexto de embate contra los derechos humanos y de crecimiento de los discursos de odio, hoy se empezó a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación en la unificación de distintos proyectos de ley que buscan prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo en nuestro país. De esta manera, se busca ir contra aquellos discursos y conductas públicas que nieguen, minimicen, justifiquen, legitimen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad y genocidios reconocidos por el Estado argentino.
Uno de los proyectos, que hoy fue presentado por la diputada Carolina Gaillard, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, organizaciones de la colectividad judía, la comunidad armenia, agrupaciones de pueblos originarios y de la abogada Valeria Thus, directora general de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto tiene tres ejes: en primer lugar, amplía las competencias del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), que pasaría a llamarse INADIN, al incluir la lucha contra el negacionismo. En segundo lugar, propone una formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado nacional (una suerte de Ley Micaela, pero sobre derechos humanos). Por último, propone modificar el Código Penal para que empiece a considerarse como delito que funcionarios públicos nieguen, minimicen, justifiquen o reivindiquen públicamente genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos como tales por el Estado Argentino, y cuya pena sería la inhabilitación de tres meses a cuatro años.
El proyecto no apunta solamente a los discursos o actos que nieguen la última dictadura militar en Argentina, sino también a otros crímenes de lesa humanidad o genocidios, como el Holocausto, el genocidio armenio, la masacre de Napalpí, y los crímenes de la triple A, entre otros.
Entonces, lo que se busca en la Comisión de Derechos Humanos es unificar este proyecto de ley con iniciativas propias de los diputados de Unión por la Patria, que proponen mayores sanciones para los funcionarios (como inhabilitaciones de hasta diez años) y buscan que quienes aspiren a un cargo electivo y tengan discursos o conductas negacionistas no puedan ser candidatos. Además, el proyecto busca incorporar una modificación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas en los medios, como así también ordenar que los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que lleven adelante este tipo de discursos sean sancionados disciplinariamente.
En la jornada de hoy estuvo presente la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, quien es su exposición pidió “aprobar urgente la ley para castigar legalmente. No con cárcel sino con inhabilitación a aquellos negacionistas que reivindican el genocidio” y agregó que “los reivindicadores del horror están envalentonados y se han sacado la careta. Es deplorable lo que están diciendo que van a hacer si llegan a regir los destinos del país”.
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Primero está la democracia
El contexto al que me refería al comienzo es el de la posibilidad real y concreta de que el 19 de noviembre ganen el balotaje Javier Milei y Victoria Villarruel, dos personas que operan en el límite de la democracia y que reivindican, entre otros horrores, discursos de odio y negacionistas —me repito con el adjetivo porque no encuentro otra forma de nombrar aquello—. E incluso si no ganan, lograron el que creo que es uno de sus objetivos principales: poner en agenda discusiones que ya estaban saldadas. Hace apenas unas horas Villarruel volvió a decir que para ella “las indemnizaciones a las víctimas de delitos de lesa humanidad son un curro” y que “se les dieron a personas por supuestas desapariciones en los 70” y hace pocas semanas también se refirió a Estela de Carlotto, una referente en el ámbito de los derechos humanos tanto en nuestro país como a nivel internacional, como “una persona siniestra”. Por su parte, Milei en varias oportunidades habló de “excesos” de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, un discurso negacionista que busca minimizar el plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y robo de bebés de los represores. Y cómo olvidar cuando en el debate de candidatos insistió con su ya tradicional bandera “no fueron 30.000”.
Como les decía más arriba, uno de los objetivos centrales del proyecto de ley es intentar ponerles un límite a los discursos de odio, ya sean negacionistas o reivindicadores de la dictadura militar y de otros crímenes de lesa humanidad o genocidios en un contexto en el que parece que se puede decir cualquier cosa públicamente. Si bien es un asunto delicado, porque alguien podría objetar su derecho a la libertad de expresión, me parece fundamental que en nuestro país empecemos a discutir justamente esto: ¿se puede decir lo que sea en nombre de la libertad de expresión? ¿Existe un derecho a negar las atrocidades que llevaron adelante los responsables de la dictadura? Yo creo que la respuesta es no a ambas preguntas, pero de todos modos entiendo que no es un asunto para resolver a las apuradas, por eso celebro que pueda debatirse en el Congreso. (En rigor, como poder, se puede, lo que me pregunto es qué hacemos con esa posibilidad —técnica, material—, cómo reaccionamos frente a ella, cómo la enfrentamos).
En esa línea, Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S, sostuvo en una entrevista en Radio Nacional que “en la discusión entre libertad de expresión versus punición entendemos que los funcionarios públicos, al ser funcionaros del Estado, no pueden contradecir al mismo Estado. Que, si el Estado dice que los de la dictadura fueron crímenes de lesa humanidad, o que el caso armenio o el Holocausto fueron genocidios, los mismos funcionarios no pueden contradecir a ese Estado”. Este, que es uno de los ejes del proyecto de ley que hoy comenzó a debatirse en comisiones, me parece que es la clave del asunto en la controversia sobre la libertad de expresión.
En definitiva, me parece importante recordar que este año se cumplen cuarenta años de democracia ininterrumpida en Argentina, y que por momentos pareciera que en nombre de la democracia y la libertad de expresión se puede decir o hacer cualquier cosa en el espacio público. Esto no es así y quizás con una ley que apunte no solo a la sanción sino también a la prevención a través de la educación y capacitación se pueda empezar a analizar con mayor claridad.
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EMPRESARIO CONDENADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El empresario Marcos Levin fue sentenciado a doce años de prisión por la privación ilegal de la libertad y los tormentos que sufrió Víctor Cobos, un chófer que trabajaba en su empresa, La Veloz del Norte, y que además era delegado gremial. Los hechos se remontan a enero de 1977, casi un año después de comenzada la última dictadura militar, cuando el empresario Marcos Levin se presentó en la comisaría 4ª de la ciudad de Salta para acusar a un grupo de trabajadores de su compañía por defraudación. Aunque luego se probó que la denuncia era falsa, la policía local secuestró y torturó a los empleados de la empresa de micros. La condena a Levin es histórica, ya que es el primer empresario en ser condenado por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
En un primer momento, el Tribunal de primera instancia había condenado a Levin a doce años de prisión, pero en 2017 la Sala 3 de Casación anuló el fallo, al considerar que no se trataban de crímenes de lesa humanidad. Ese tribunal estaba integrado por dos de los jueces que en 2015 le dictaron “falta de mérito” a Carlos Blaquier, el ahora fallecido dueño del ingenio Ledesma. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, que ordenó que se dictara una nueva sentencia. Ahora, la nueva Cámara de Casación dictó la condena a doce años de prisión para Levin.
En los fundamentos, sostuvieron que “en aras de maximizar los beneficios y acompañar el proceso de reestructuración económica, sectores empresariales no desarrollaron un mero rol subalterno, sino que accionaron articuladamente y en modo orgánico con el poder político de facto” y que “Levin resulta un significativo ejemplo de aquel obrar”. Sin ir más lejos, desde hace un tiempo se empezó a hablar de dictadura cívico-militar-eclesiástico-empresarial.
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