Un sinnúmero de 'casos aislados' de transodio
Travesticidio de Melody Barrera en Mendoza. Golpiza a una activista trans en Rosario. 18 meses sin Tehuel de la Torre. Sigue la investigación por el ataque al Hotel Gondolín.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
Un sinnúmero de casos aislados de transodio
Travesticidios, trans-femicidios, golpizas, maltratos, desapariciones y una serie de ataques homodiantes se suman a la larguísima lista de agresiones contra miembros y activistas de la comunidad LGBTIQ+. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, un crimen de odio es un acto voluntario, generalmente realizado con saña, que incluye —pero no se limita— violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Se trata de una agresión que tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas. Según datos de 2018 del Observatorio, el 65% de todos los crímenes de odio relacionados con la identidad de género, orientación sexual o expresión de género de las víctimas fueron hacia personas trans o travestis.
Mendoza
En Mendoza empezó el juicio por jurados por el travesticidio de Melody Barrera. Melody tenía 27 años cuando el 29 de agosto de 2020 fue asesinada tras recibir al menos seis disparos desde un auto. El único imputado es el ex policía Darío Jesús Cháves Rubio, ya que en el lugar se encontraron vainas de una pistola 9 milímetros que, según el peritaje, pertenecían a su arma reglamentaria. Además, las cámaras de seguridad lo ubican en la zona y, según un testigo, minutos antes del crimen le habría dicho que iba a "ir a buscar un arma y cagar a tiros al travesti".
Cháves Rubio está acusado de homicidio agravado por el odio a la expresión de género, por el uso de arma de fuego, por la función de policía, y por ensañamiento y alevosía, una carátula que prevé una pena de prisión perpetua. Es la primera vez que en Mendoza se tratará el agravante “odio a la expresión de género”.
Tuit de una de las abogadas de la querella, Viviana Beigel
Activistas por la diversidad sexual presentaron un comunicado frente a la Casa de Mendoza en la Ciudad de Buenos Aires en el que dijeron que pedirán que la figura sea travesticidio y femicidio con alevosía a la identidad de género y sostuvieron que “este juicio debe marcar un hito de nuestra relación con las fuerzas represivas del Estado”.
Rosario
Noelia, activista trans, denunció que la semana pasada recibió una golpiza por parte de dos hombres. Según relató, un supuesto cliente la contrató, pero cuando subió al auto había otro hombre oculto en el asiento de atrás que la golpeó, le rompió los dientes y le produjo hematomas en el rostro. Noelia contó que no es la primera vez que pasa esto, que la zona está liberada y que la policía es cómplice de estos hechos. Además, dijo que el servicio de emergencias se negó a trasladarla hasta un hospital para hacerle los controles y las curaciones necesarias. Como si faltara algo, relató que tras hacer la denuncia la amenazaron por Instagram diciéndole “La próxima no contás el cuento”.
Buenos Aires
El domingo, a un año y medio de la desaparición de Tehuel de la Torre, familiares, amigos y vecinos se movilizaron en San Vicente para exigir su aparición con vida. También ayer la Asamblea de autoconvocadxs por Tehuel realizó una movilización frente al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y desde allí marcharon hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Durante el reclamo, el padre de Tehuel, Andrés de la Torre, denunció que prácticamente en ningún momento lo buscaron con vida aunque organizaciones como el CELS recomendaron seguir distintas líneas de investigación.
Luego de varios meses en los que la causa estuvo parada, la semana pasada la Justicia ordenó el rastrillaje de 39 hectáreas de campo y un arroyo del partido bonaerense de San Vicente pero la búsqueda no arrojó resultados, y se reanudará en 15 días en un sector cercano. En marzo, por pedido de la fiscal Karina Guyot la carátula de la causa cambió de “averiguación de paradero” por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” y se elevó a juicio oral.
Ciudad de Buenos Aires
El Ministerio Público Fiscal porteño, que investiga el incendio del Hotel Gondolín como un atentado con motivos de odio, busca que quienes sepan o hayan visto algo aporten cualquier información que sirva para identificar a los autores del hecho. El incendio —que es investigado como intencional— ocurrió el 4 de junio en el hotel que funciona como cooperativa y albergue para mujeres trans y travestis que llegan a la Ciudad de Buenos Aires desde distintas provincias.
Movilización para exigir justicia
Ayer la comunidad LGBTQI+ marchó hasta el Palacio de Tribunales para exigir justicia tras una serie de ataques homodiantes registrados en las últimas semanas y para pedir una reforma judicial con perspectiva de género y diversidades. En la movilización remarcaron: "No estamos ante hechos aislados. Los ataques violentos y odiantes hacia nuestra comunidad de la diversidades y disidencias sexuales son producto de la construcción de odio y violencia impulsada por ciertos sectores de la sociedad que se replica en medios y redes sociales que a su vez es legitimada por las fuerzas de seguridad y por el actual poder judicial".
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Otras noticias
CONDENA POR EL ASESINATO DE MATÍAS BANUERA
La noche del 29 de julio de 2017 Matías Banuera, de 14 años, caminaba con cinco amigos por las calles de Quilmes Oeste cuando un grupo de cuatro policías fuera de servicio los empezó a increpar e insultar. De acuerdo con la investigación, los chicos salieron corriendo y los policías los persiguieron mientras les disparaban con sus armas reglamentarias. Matías recibió un disparo letal en la nuca por parte del oficial Cristian Alejos.
La Justicia de Quilmes declaró culpable al policía Alejos por el asesinato de Matías, aunque lo absolvió por la tentativa de homicidio sobre Franco Giménez, quien al momento del hecho tenía 13 años. Por su parte, los policías Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa fueron declarados culpables por encubrimiento. La fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para Alejos por ser miembro de una fuerza de seguridad y resultar responsable material del homicidio agravado de Matías y la tentativa de homicidio agravado respecto de Franco; mientras que pidió 3 años para los policías acusados de encubrimiento. El viernes se conocerán los montos de las penas.
SEGUNDO JUICIO POR VIOLACIÓN GRUPAL EN FLORENCIO VARELA
Tras un primer juicio en el que diez de los violadores de Victoria Mateluna fueron condenados a 15 y 16 años de prisión por abuso sexual agravado, comienza el juicio por jurados a Enzo González, el último imputado por el momento (se investigan otros tres ADN que se encontraron en las muestras que le tomaron a Victoria). Si bien las muestras de ADN de González dieron negativo, Victoria —que tenía 17 años la noche del 30 de marzo de 2019 en la que fue víctima de una violación grupal— vio que Enzo era uno de los hombres que hacía fila para violarla.
DECLARAN INCONSTITUCIONAL AL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL DE PRÓFUGOS
La Justicia porteña declaró la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el gobierno de Larreta. El programa, instrumentado para la búsqueda de unos 40.000 prófugos, fue utilizado para obtener información personal de unas diez millones de personas. En su fallo, la jueza Elena Liberatori sostuvo que el programa "se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes", lo que puso en peligro derechos constitucionales como la garantía de no discriminación, los derechos a la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales. La jueza determinó que, además, deberán desecharse todos los registros biométricos que se hubieran obtenido sin que mediara para ello una orden judicial. La herramienta podrá seguir usándose para detectar prófugos siempre y cuando se supedite a la constitución y a los órganos de control.
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