¿Salud mental? I don't know her
Muertes en una comunidad terapéutica de Pilar; femicidio en una comunidad wichí; violencia obstétrica en Río Negro; impunidad en Chubut y Alperovich a indagatoria.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
Tudo bom, tudo legal
A fines de febrero fue detenido Alan Cambra Sarife, el director de la comunidad terapéutica San Fernando de Las Lonjas luego de que murieran cuatro internos en un incendio el 22 de febrero. Cambra Sarife se negó a declarar en la causa en la que el fiscal Germán Camafreita Steffich lo acusa por homicidio simple con dolo eventual por no haber cumplido con los mínimos recaudos de seguridad e higiene como matafuegos, colchones ignífugos, plan de contingencia, personal terapéutico idóneo, médicos y enfermeros para suministrar la medicación a los pacientes, accesos y salidas de emergencias del establecimiento, además de no contar con la autorización legal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Un centro de rehabilitación sin habilitación; parece un chiste, pero no.
¿Salud mental? I don't know her
Los cuatro fallecidos tenían entre 20 y 30 años y estaban privados de su libertad en una celda, bajo llave y con barrotes en el centro terapéutico que era presentado como “centro de rehabilitación de adicciones con abordaje terapéutico y espiritual”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que tres de ellos estaban sobremedicados, lo que pudo haberles impedido escapar del incendio. Según el periodista especializado Pablo Galfré, los cuatro murieron luego de que uno de los internos prendiera fuego un colchón para protestar por las condiciones a las que eran sometidos: falta de camas; aislamientos de hasta 23 horas al día y salidas al patio solo para aquellos que no se quejaban de las condiciones de internación; cables eléctricos colgando; falta de actividades educativas o recreativas. Uno de los sobrevivientes relató que cuando los visitaba alguien de su familia, un encargado del lugar se quedaba al lado para que no contaran nada ni pidieran que los sacaran de ahí. Y para sorpresa de nadie, estas muertes no son las primeras ocurridas en el lugar: en noviembre de 2021 falleció Ramón Ezequiel Ibarra en la otra sede del centro terapéutico del cual Cambra Sarife también es el director.
Luego del incendio, la Comisión Provincial por la Memoria inspeccionó el lugar junto con el Consejo municipal contra la violencia estatal de Ramallo y entrevistó a los internos y sobrevivientes, y corroboraron la sobremedicación; las condiciones de reclusión extrema sin ninguna asistencia; la nula atención psicológica incluso frente a intentos de suicidios; golpes; palazos; secuestros y condiciones inhumanas de detención en la comunidad terapéutica (terapéutica estilo Anthony Burgess).
De acuerdo con Galfré, en esta granja, como en muchas otras, se realizan internaciones involuntarias y eternas porque lo que en realidad buscan es que los pacientes estén encerrados el mayor tiempo posible para cobrarles a las familias, al Estado y a las obras sociales. Ya no te dejan ser emprendedor en paz, será de dió’.
La Comisión Provincial por la Memoria denunció que "el Estado tiene la responsabilidad de desempeñar el poder de policía al habilitar y fiscalizar estas instituciones privadas, sin embargo delega la atención de la salud mental y el abordaje de las personas con consumo problemático de sustancias y adicciones, permitiendo una total discrecionalidad”. Y agregan que los jueces también son responsables porque "no conocen los lugares donde derivan a los jóvenes que deben ser tratados como pacientes, y no realizan un seguimiento de esas internaciones”.
Implementación de leyes: una utopía
En Argentina, la Ley de Salud Mental fue sancionada y promulgada en 2010 y asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental y fundamentalmente sostiene que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y sus internaciones deben ser breves y notificadas al juez. Entonces, quizás una vez más la pregunta sea por la implementación y el alcance de una ley de este estilo, es decir, en todo caso corresponde preguntarse de qué manera las personas de bajos recursos -económicos y sociales- acceden a un tratamiento adecuado o qué herramientas tienen realmente para conocer sus opciones. Quizás en la búsqueda de una mayor democratización y accesibilidad a la salud mental -por supuesto, de la mano de la incansable lucha por la des-demonización de los trastornos mentales- esté la respuesta, o algo parecida a ella.
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Otras noticias que son un jonba
El tribunal de Chubut a cargo de las juezas Ana Karina Beckle, María Laura Martini y Marcela Pérez dictó la absolución de los tres imputados por una violación grupal por “falta de pruebas” y por el beneficio del principio de inocencia. El hecho ocurrió en 2012 en Puerto Madryn y fue denunciado siete años después tras un testimonio de la víctima en redes sociales. En un primer momento, hubo seis acusados por el abuso sexual que ocurrió cuando la víctima estaba inconsciente y en estado de indefensión, pero solo tres de ellos llegaron a juicio: Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar; considerados hijos del poder ya que la violación ocurrió en la casa del nieto del ex gobernador Atilio Oscar Viglione. El procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, anticipó que impugnará el fallo y que denunciará a varios testigos por falso testimonio, y las abogadas de la víctima adelantaron que el 11 de abril van a solicitar la impugnación del fallo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Además, agregaron que el fallo no sorprende porque la denunciante fue maltratada por las tres juezas, que la obligaron a responder más de 500 preguntas y la sometieron a una pericia de tres días que duró 6 horas cada vez, mientras que los acusados no fueron sometidos a ninguna pericia ni a responder preguntas.
Investigan el femicidio de Jorgelina, una adolescente wichí de 16 años que el domingo fue encontrada muerta en el cementerio de El Sauzalito, en el Impenetrable chaqueño. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, Jorgelina fue abusada y su muerte fue producto de un traumatismo craneoencefálico. Ayer por la noche un hombre entregó a su hijo de 24 años, quien le habría confesado el crimen. Sin embargo, también investigan la participación del novio de Jorgelina, un adolescente de 14 años, luego de que en un allanamiento en su casa encontraran prendas manchadas con sangre. Al ser menor de edad es inimputable, por lo que no fue detenido sino puesto a disposición de la Unidad de Protección Integral y del juez de menores.
Luego de la denuncia pública por violencia obstétrica de Melina, una joven de 20 años de Roca, Río Negro, otras mujeres de la provincia publicaron en redes sociales sus experiencias en las que relataron maltratos físicos y psicológicos, falta de información y abandono por parte de profesionales de instituciones públicas y privadas. Melina denunció que tras sufrir dolores y concurrir más de seis veces al Hospital López Lima, terminó dando a luz en soledad y sin asistencia a su bebé fallecido. El 8 de marzo, cientos de mujeres se movilizaron en reclamo de que se cumpla la Ley de Parto Humanizado, para que se investiguen los casos denunciados de violencia obstétrica y pidieron que se garantice la Ley Micaela para trabajadores de salud y la formación con perspectiva de género para los profesionales. En la foto, un cartel con algunas de las frases tan agradables que muchas mujeres tienen que escuchar en la sala de parto:
Luego de tres pedidos de la fiscalía, finalmente José Alperovich fue citado a indagatoria el 20 de abril por la denuncia que en 2019 hizo su sobrina y asesora. Concretamente, lo denunció por siete hechos de abuso sexual, dos ocurridos en Tucumán y cinco en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se abrieron dos causas, una en cada provincia, pero como las dos se decían incompetentes la Corte Suprema definió que se investigara en CABA.
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Agus.
Hola !!! Muchas gracias!! Pensaba en que paradójico que tanto las personas manicomializadas como los pueblos originarios no son funcionales al sistema de súper producción capitalista será por eso que sus vidas son despreciadas? O será que muestran la obsolescencia de un sistema que mata, contamina y oprime para no dejar de funcionar? Gracias de nuevo,🤗 salud mental también es tener acceso a información con perspectiva de género y ambientalistas, feliz de seguirles. 💜🔥🌱
Gracias por esta información tan necesaria Agus. Es dura, pero tenemos que ser conscientes de que suceden estas cosas