¿Qué pasó con Berni?
Tras ser golpeado por colectiveros que reclamaban más seguridad luego del crimen de un chofer de la línea 620, Berni pidió a Nación que le manden más gendarmes. ¿Qué significa esto?
Hola! Soy Agus Colombo y en este newsletter vamos a hablar de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos e ideas. Este año la frecuencia del newsletter no siempre va a ser semanal: algunas veces saldrá cada dos semanas, otras dos semanas seguidas y otras cuando los temas lo ameriten. Pero siempre será los martes. Ahora sí, ¡gracias por suscribirte!
¿Qué pasó con Berni?
Con el riesgo de sacar conclusiones apresuradas al escribir con la urgencia que los temas de actualidad imponen, me gustaría pensar algunas cosas a partir de lo que pasó ayer con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en Lomas del Mirador.
Recapitulemos brevemente los hechos: Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 de colectivos, fue asesinado el domingo en lo que se investiga como un robo. Por este motivo, sus compañeros hicieron un paro y corte de rutas el lunes —ayer— a la mañana. Berni se hizo presente en el lugar, según dijo, para conversar con los trabajadores en su reclamo de mayor seguridad. Pero apenas llegó, lo golpearon, le tiraron botellas y comida y lo mantuvieron acorralado durante más de 40 minutos en una escena que realmente no se entendía cómo iba a terminar. Finalmente, el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad —ya que ese sector de la colectora es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires— llegó a rescatar al ministro y no escatimó en represiones desmesuradas e injustificadas.
Qué pasó después
La primera respuesta institucional llegó tras una reunión entre Berni, el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’ Onofrio, el titular de la UTA, Roberto Fernández, y el gobernador Axel Kicillof, en la que acordaron trabajar para la puesta en funcionamiento de cámaras en los colectivos de la provincia y de un Centro de Monitoreo, además de intimar a las empresas para que pongan las cámaras donde faltan —según Berni, en 2021 la gestión de Kicillof entregó 2.500 millones de pesos en subsidios para comenzar a ubicar las cámaras—.
La parte más compleja de comprender vino después. Luego de la reunión, Berni remarcó que él viene pidiendo desde 2019 la transferencia de la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires. Esto remite a una suerte de interna entre el ministro bonaerense y el gobernador Axel Kicillof con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el Presidente de la Nación. Lo que pide Berni es que Nación le mande a las fuerzas federales para que trabajen en puntos críticos de la provincia y que se replique el Operativo Centinela, implementado durante 2010 en el último mandato de Cristina Fernández, cuando él era secretario de Seguridad y que consistió en el traslado de 6.000 gendarmes a esa jurisdicción. La propia Cristina había hecho referencia a este Operativo en su discurso el último noviembre en el Estadio Único de La Plata cuando dijo que “la gente lo pedía porque tenía más confianza (…) No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”. Y hace algunos días Kicillof cuestionó a Aníbal Fernández por no coordinar con la provincia el despliegue de efectivos: "Siempre solicitamos el envío de 6.000 gendarmes. Hubo muchas conversaciones, incluso con el Presidente, pero todavía no mandaron ninguno", dijo.
Según Berni, en 2020 tuvo una reunión con el Presidente en la que lo convenció de volver a instrumentar el Operativo Centinela; luego le hizo el mismo pedido a la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y más tarde reiteró el pedido a Aníbal Fernández. Pero tras condenar el ataque a Berni, Aníbal Fernández tuiteó que no solo Berni nunca hizo el pedido personalmente, sino que “sus enviados jamás solicitaron ni un solo efectivo”. ¿A quién creerle? Ni idea.
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Operativo Centinela: ¿la solución para PBA?
A propósito de aquel discurso de Cristina Fernández, en una de las ediciones de noviembre entrevisté a Esteban Rodríguez Alzueta, Doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata y director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias urbanas, quien entonces aseguraba que la bajada de Gendarmería al territorio no debería ser el Operativo Centinela, sino el Cinturón Sur, de Nilda Garré: “Cuando Garré emplazó a la Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires lo hizo al mismo tiempo con las Mesas Barriales, participando a la comunidad organizada en los debates sobre la seguridad. Es decir, hay que bajar a los gendarmes, pero empoderando a las organizaciones sociales para que controlen su labor cotidiana. De lo contrario vamos a encontrar reproducidas muchas escenas de hostigamiento como las que vivimos en el Plan Centinela”.
Siguiendo a Nicolás Dallorso, Doctor en Ciencias Sociales, tanto el Operativo Centinela como el Plan Unidad Cinturón Sur se implementaron luego de la creación del Ministerio de Seguridad en 2010 (escindido del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos), que fue creado como resultado de dos hechos históricos específicos, ambos ocurridos en 2010: el asesinato de Mariano Ferreyra y la represión en el Parque Indoamericano. Según Dallorso, en ese momento el Ministerio recientemente creado “priorizó el control político de las fuerzas de seguridad para evitar su ‘autonomización’ y la coordinación operativa entre las distintas fuerzas federales de seguridad”. Fue en ese marco que se implementaron los operativos Centinela y Cinturón Sur.
El Operativo Centinela consistió en aumentar la cantidad de efectivos policiales en el Conurbano Bonaerense con el objetivo de “profundizar” la prevención del delito. Es decir, una solución cuantitativa para un problema que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es multicausal. Por su parte, el Plan Cinturón Sur consistió en el traslado de 2500 efectivos de la Gendarmería y Prefectura —más del doble de los que había en esa zona hasta entonces— hacia los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir funciones policiales, pero de alguna manera supervisadas por la Mesa Barrial de Participación Comunitaria en Seguridad que ejecutaba un control sobre las comisarías de la zona, al tiempo que elaboraba “mapas del delito” para que el accionar policial fuera más eficiente.
Comando Unificado
El antecedente inmediato en esta interna que podría sintetizarse en Berni-Aníbal Fernández fue la noticia de hace apenas una semana: la creación del Comando Unificado Conurbano (CUC), un comando que reúne a todas las fuerzas federales para que actúen en conjunto en los cordones del área metropolitana y ejecuten de manera más eficiente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales. Aunque la resolución no habla de un incremento en la cantidad de gendarmes —como piden Kicillof y Berni—, sino de una redistribución de los efectivos, la semana pasada estas idas y vueltas parecían haber tenido algún tipo de acuerdo. Hoy ya no está tan claro si ese acuerdo existe o existirá.
Podría decirse que el CUC tiene como antecesor al Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, creado en 2022 mediante una resolución que lleva la firma de Aníbal Fernández. El Comando Unificado de Villa Mascardi fue el que llevó adelante el desalojo ordenado por la jueza Silvina Domínguez el pasado 5 de octubre, en el que más de 250 uniformados desalojaron de manera violenta a la comunidad Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales. En el operativo detuvieron a siete mujeres y a cinco niños, y en su momento las mujeres fueron trasladadas a Buenos Aires con motivos poco claros. Según la resolución, este Comando Unificado tiene como función la “gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en esa localidad, como “auxiliar” de la administración de justicia. Pero en los hechos actuaron como una fuerza de choque contra hombres, mujeres y niños que reclamaban tierras ancestrales. En su momento, Aníbal Fernández había declarado que “no se usó ningún tipo de represión” —haciendo una comparación implícita con el desalojo en el que fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel durante el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad— pero esto no fue lo que dijeron las mujeres detenidas.
El paralelismo, si es que existe, está por verse. Todavía es muy nueva la noticia y aún no está resuelto el conflicto de fondo que es la gestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero vaya como una conclusión tentativa lo que sostenía la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tras el desalojo en Villa Mascardi, quienes argumentaban, al igual que otros organismos de Derechos Humanos, que los gobiernos deben retomar las mesas de diálogo y que la solución a los conflictos (en este caso, mapuches) no pueden darse por la vía de políticas represivas.
Para apurar una conclusión sobre un tema al que creo que aún le queda mucha cuerda incluso por desenrollar, voy a retomar una idea que surgió hace dos ediciones en el newsletter, cuando a propósito del siempre vigente debate-sobre-las-taser cité a Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del CELS, quien sostenía, con otras palabras, que si las fuerzas de seguridad son violentas y si ese abuso de la violencia no es considerado un problema, poco importa si las armas que les dan son más o menos letales: “En todo caso, se agregarán nuevas violencias orientadas al control de la calle”, subrayaba.
Con esto quiero decir que, sin ser en absoluto especialista en el tema, creo que la solución cuantitativa como única respuesta siempre se quedará corta —en el mejor de los casos— cuando no traiga incluso nuevos conflictos y violencias a los territorios.
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