Que la Fuerza (no) te acompañe
Giro en el caso que investiga la muerte de Magalí Morales en una comisaría puntana. Alperovich procesado por nueve casos de abuso sexual. Una policía denunció a su expareja pero el juez lo excarceló.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
Nadie se suicida en una comisaría
El 5 de abril de 2020, en pleno ASPO, Florencia Magalí Morales, de 39 años, salió a comprar comida para sus hijos y horas más tarde apareció muerta en la comisaría n° 25 de Santa Rosa de Conlara, en San Luis. En un primer momento, la policía puntana quiso instalar la versión de que Magalí se había suicidado en la celda tras haber sido detenida por violar la cuarentena. Sin embargo, la semana pasada -dos años más tarde- el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes hizo lugar al pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ordenó ampliar las indagatorias de Reynaldo Heraldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres, los cuatro policías procesados, por considerarlos coautores del delito de tortura seguida de muerte y de Gustavo Lafourcade, el médico forense que realizó la primera autopsia, por la sospecha de encubrimiento agravado.
El Tribunal de Impugnaciones fue conformado en marzo de este año luego de que la familia de Magalí y la Secretaría de Derechos Humanos apelaran el fallo de primera instancia del juez Pintos. En ese fallo el magistrado había imputado a los cuatro policías por delitos menores como “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y a dos de ellos por “aplicación de vejaciones y severidades en el ejercicio de sus funciones en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido”, este último con prisión preventiva para Clavero y Ontiveros, que de todos modos lograron la excarcelación. The ultimate puerta giratoria.
Con esto de fondo, la Secretaría de Derechos Humanos había pedido la imputación de los policías por los delitos de detención ilegal, incomunicación indebida, aplicación de severidades y homicidio. En mayo de 2021 el juez hizo lugar al pedido y amplió la imputación de los policías, pero no por el homicidio, porque aunque todo parecía indicar lo contrario, insistía con la hipótesis del suicido. Y dale María con la castañuela.
La Secretaría apeló esa decisión con la presentación de las pruebas que daban cuenta de que Magalí había sido estrangulada y finalmente el viernes pasado Tribunal de Impugnaciones ordenó ampliar las indagatorias a los cuatro policías procesados por el delito de tortura seguida de muerte. La familia, a través de su abogado Santiago Calderón Salomón, pidió que la causa se investigue como femicidio, pero el pedido fue rechazado.
La autopsia
La primera autopsia fue cuestionada por la Junta de Forenses y, en una segunda oportunidad, se comprobó que el cuerpo de Magalí presentaba lesiones previas a la muerte y que llamativamente habían desaparecido algunos órganos del cadáver. La forense de parte, Vanina Elizondo, confirmó que Magalí fue estrangulada y descartó totalmente el suicidio. Además, el cuerpo presentaba signos compatibles con una autodefensa y se sumó la prueba de que el cordón con el que supuestamente se había ahorcado no pertenecía a ninguna de sus prendas. Según Celeste, la hermana de Magalí, ese cordón “es compatible con el del borcego de policía”. Celeste también denunció que el médico forense, Gustavo Lafourcade, no respetó el protocolo de Minnessotta que se aplica en casos de violencia institucional y que tampoco hizo un examen para saber si Magalí había sido abusada. “Tenía más de trece golpes y hematomas y el forense no mencionó ni uno en su primer informe”, agregó.
Miente, miente, que algo se investigará
Según Celeste, tampoco es cierto que la policía la haya detenido por andar en bicicleta en contramano -algo que además fue desmentido por las cámaras de seguridad- sino que su hermana fue a la comisaría a buscar una tarjeta que tenía un policía amigo de ella. “Lo de Magalí fue un secuestro, una privación ilegítima de la libertad”, agregó Celeste. Y como si faltaran ingredientes de horror para esta historia, Celeste contó que la noche de la detención se presentó en la comisaría y la policía Johana Torres le dijo que Magalí estaba declarando, cuando en verdad llevaba al menos cinco horas muerta.
Para terminar, un dato alarmante: según el Archivo de Correpi de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, estar en un calabozo es la primera causa de muerte a manos del Estado. Históricamente, superaba el 50% del total, pero durante el ASPO llegó hasta el 70%. Lo que se podría resumir en: que la Fuerza (no) te acompañe.
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Otras noticias que son un jonba
El martes pasado, al terminar la audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa (del que hablamos en el newsletter pasado), la abogada de la familia, Daniela Pavón, adelantó que si no hay pruebas concluyentes, pedirán la absolución de Lucas Bustos, el único imputado. Pavón y la familia de Cecilia consideran que hubo irregularidades de la investigación que indican que Bustos sería un perejil y además denuncian connivencia policial. Pavón agregó que sospechan de un encubrimiento para proteger a personas que tuvieron contacto con Cecilia antes de su desaparición y que en el expediente no hay ninguna prueba contra el imputado.
José Alperovich fue procesado por tres casos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado en la causa que lo investiga tras la denuncia de su sobrina y asistente y fue embargado por 2 millones y medio de pesos. El juez Osvaldo Rappa argumentó que hay prueba suficiente para sostener que el delito se cometió "mediando abuso de poder y autoridad" y remarcó que la víctima sufrió un "sometimiento sexual ultrajante". Rappa enfatizó que el caso debe evaluarse con perspectiva de género.
Macarena Bogado, una policía de Tigre, denunció que fue amenazada, golpeada y encerrada durante casi un día por su expareja, Adrián Jeremías Marcos, también policía, quien tenía una restricción de acercamiento y finalmente fue detenido. Macarena pudo aprovechar que Marcos se había quedado dormido para mandarle un mensaje a una compañera de trabajo y avisarle que su expareja la había golpeado, encerrado e incomunicado. Además, le dijo que si no se presentaba al día siguiente a trabajar, mandara un móvil policial. Su compañera avisó a la policía, que fue hasta el domicilio y rescató a Macarena. Ayer el juez de San isidro, Orlando Díaz, dispuso la excarcelación de Marcos porque “tiene casa y no tiene antecedentes”. Macarena adelantó que este jueves se va a reunir con su abogado para analizar si existe algún planteo para lograr que vuelva a prisión. Se me ocurre que quizás el juez podría considerar que su expareja la golpeó, amenazó y secuestró. Pero bueno, como no soy abogada no opino.
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Agus.