Política de la crueldad II
La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe sobre lugares de encierro. Giro en la causa por Marita Verón. Informe sobre las condiciones de vida de personas trans y no binarias en CABA.
Se presentó el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria sobre condiciones de detención, encierro, políticas de seguridad, entre otros. Veamos cuáles son sus principales conclusiones.
Política de la crueldad II
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual “El sistema de la crueldad XVII”, en el que recopila información sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires recabada durante 2022. Me parece interesante compartir algunas de sus conclusiones para pensar algunos temas que venimos tratando en Alto ahí a partir de datos concretos que, si bien no son nacionales, son de un distrito enorme como lo es la provincia de Buenos Aires.
Población carcelaria
En primer lugar, en 2022 se verifica un aumento de la cantidad de personas detenidas en PBA: 55.621 en el último año versus 54.107 en 2021, lo que representa una tasa de encarcelamiento de 311 detenidos cada 100.000 habitantes, esto es, el doble que la tasa mundial de prisionización, de 152 personas cada 100.000 habitantes. Además, mientras que la población de la provincia de Buenos Aires creció un 11% en los últimos 10 años, la cantidad de personas detenidas aumentó un 93%. Esto lleva a pensar que o bien aumentó el delito, o bien creció la cantidad de personas detenidas por motivos que antes no eran “encarcelables”. Esto nos retrotrae a la discusión por la política criminal, algo de lo que hablamos hace algunos meses en esta edición de Alto ahí, a propósito del Diagnóstico Penitenciario Federal de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Si bien se trataba de un diagnóstico a nivel nacional y no provincial como el de la CPM, aquel informe invitaba a preguntarse en qué tipo de sociedad queremos vivir en relación con la cuestión del límite de personas que puede haber detenidas a nivel nacional y local. Para la PPN, esto tendría un correlato en limitar al Poder Judicial en cuanto a los niveles de encierro “encarcelando menos, promoviendo salidas anticipadas y libertades, fomentando medidas alternativas a la privación de la libertad”. En concreto, la PPN promovía la implementación de una Ley de Cupo Carcelario “que defina los mecanismos para establecer las capacidades de las unidades, las dinámicas de control de sobrepoblación, y límites concretos a la política criminal y al encarcelamiento”.
Volviendo al informe de la CPM para la provincia de Buenos Aires, en los últimos 18 años los distintos ministros de Justicia de la provincia abordaron el problema de la política criminal como un problema de camas o lugares para la detención. Es decir, de acuerdo con la CPM, su única respuesta fue la construcción de plazas penitenciarias, cárceles y alcaidías, una respuesta institucional que no solo no resuelve el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento, sino que lo empeora: “A cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas: entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056 personas”. En otras palabras, la CPM sostiene que construir cárceles no resuelve el problema, sino que “eleva el piso de encarcelamiento”.
Políticas de seguridad
Un dato algo más alentador es la disminución de la letalidad policial: los casos registrados bajaron de 130 a 90 entre 2021 y 2022, es decir que hubo una baja del 31%. De acuerdo con la CPM, estos datos, si bien son alentadores, no explican por sí solos las causas de esta reducción, que bien pueden ser aleatorias como también en respuesta a un cambio estructural dentro de las políticas de seguridad. Para eso, sostienen, habrá que esperar si esa baja se sostiene en el tiempo.
En cuanto a los femicidios cometidos por agentes policiales se produjo una baja a dos femicidios y un femicidio vinculado contra siete femicidios y tres femicidios vinculados en 2021.
A pesar de haber bajado la cantidad de aprehensiones policiales, la CPM señala que las detenciones siguen sin cumplir con las garantías legales y procesales (como brindar información sobre derechos, acceder a un examen médico independiente, notificar a un tercero la detención y acceder a una defensa técnica), herramientas indispensables para la prevención y lucha contra la tortura. Además, el informe agrega que la detención de personas durante uno o varios días en comisarías contribuye a las condiciones inhumanas de detención y hacinamiento extremo que persisten en estos lugares. Específicamente sobre comisarías vamos a hablar en el próximo apartado.
Durante 2022 se realizaron 803 inspecciones a cárceles, alcaidías, neuropsiquiátricos y centros de jóvenes de la provincia de Buenos Aires, y 38.571 entrevistas con personas detenidas, familiares y allegados, tras lo que se registraron 45.004 violaciones a los derechos humanos (torturas, malos tratos, negación de acceso a la justicia y otras restricciones). De ese total de casos relevados, el 71% corresponden a torturas y malos tratos como aislamiento, requisas violentas y vejatorias, afectación del vínculo familiar, malas condiciones de alojamiento, agresiones físicas, traslados constantes o gravosos, agresión verbal o psicológica, falta o deficiente asistencia de la salud y robo de pertenencias. La vulneración de derechos más relevada fue la falta o deficiente acceso a la justicia como consecuencia de los obstáculos que enfrentan las víctimas para comunicarse con sus juzgados y defensorías y el desconocimiento de la situación procesal, entre otras.
Comisarías
Hacia diciembre de 2022, en 1.265 camastros se alojaban 3.948 personas, lo que representaba un 212% de sobrepoblación en comisarías; una baja con relación a 2021 (232%), pero en mayo de 2023 volvió a subir y la sobrepoblación se ubicó en el 238%. Tranqui. Siguiendo a la CPM, las comisarías siguen siendo lugares donde no se respetan los derechos elementales: el 40% de los detenidos está en comisarías clausuradas por orden judicial o administrativa; se sigue deteniendo a miembros de grupos vulnerables (como niños, niñas y adolescentes, embarazadas, entre otros) y en casi todas hay sobrepoblación-hacinamiento y condiciones inhumanas de detención.
Durante 2022 murieron al menos 25 personas en comisarías bonaerenses, lo que representa una tasa de 5,8 muertes cada 1.000 personas detenidas. La CPM subraya el uso de la figura del supuesto suicidio como una forma de ocultar la responsabilidad policial. En relación con esto, el caso más resonante de los últimos meses fue el de Daiana Abregú en Laprida, del que hablamos en esta edición del newsletter.
Muertes en prisión
La cantidad de personas fallecidas bajo custodia penitenciaria prácticamente se mantuvo: fueron 242 en 2021 y 244 en 2022. Si bien la cantidad de fallecimientos en cárceles y alcaidías disminuyó de 200 en 2021 a 188 en 2022, aumentaron la de fallecimientos de detenidos con prisión domiciliaria: subieron de 42 a 56. La explicación de la CPM es muy concreta: sostiene que una parte de las muertes en prisión domiciliaria se da luego de haber permanecido en la cárcel, donde se generaron o agravaron las causas de muerte; recién luego del agravamiento de los cuadros y los pedidos reiterados de la propia Comisión o de sus defensores, fue otorgado el arresto domiciliario, que como vemos, muchas veces llega tarde.
De las 188 muertes ocurridas en cárceles y alcaidías, 162 fueron por problemas de salud no asistidos de manera adecuada, 20 por suicidio, 5 por homicidio y una por accidente. Las restantes 56, ocurridas en arresto domiciliario por monitoreo electrónico, fueron por problemas de salud. Este año aumentó exponencialmente la participación de mujeres en el total de muertes: pasó de 1% a 4,3%, y de las personas trans, que subió de 0,5% a 1,6%.
Mujeres y población trans en prisión
El informe sostiene que para las mujeres cis y personas del colectivo LGTBIQ+ la cárcel produce impactos diferenciales, porque se trata de un lugar pensado y estructurado para alojar varones: la lógica imperante en la cárcel es una lógica patriarcal y heterocisexista. La mayoría es encarcelada por infracciones a la ley de estupefacientes (43% de las mujeres y 45 % de personas trans y travestis, contra el 13% de varones), lo que demuestra que “la política criminal que proclama la lucha contra el narcotráfico se limita a perseguir al eslabón más débil de la cadena”. Sin dejar de lado, como sostiene el informe, que este tipo de delito se debe contextualizar en la situación vulnerable de pobreza y exclusión del mercado laboral en que se encuentran estas poblaciones.
Al finalizar el 2022, había 2.655 mujeres y 106 personas trans y travestis detenidas en el Sistema Penitenciario Bonaerense. La cantidad de mujeres cis y personas trans y travestis detenidas aumentó en un 10% respecto de 2021, mientras que la población de varones detenidos creció en un 4% de un año al otro. Nuevamente se abre la pregunta sobre la política criminal: ¿a quiénes se detiene y encarcela y por qué delitos?
Prisión preventiva
La CPM subraya que un problema histórico del sistema carcelario bonaerense es que la mayoría de las personas están presas sin condena firme. Asimismo, sostiene que la sistematicidad del uso extendido de la prisión preventiva se profundiza al analizar según género perjudicando de modo diferencial a mujeres, trans y travestis: casi el 60% de las mujeres cis y más del 80% de las personas trans y travestis se encontraban detenidas siendo inocentes para la justicia; y que en el caso de los varones era casi un 50 %. Como se repitió hasta el cansancio, el aumento del encarcelamiento (¿o deberíamos decir, a esta altura, la compulsión al encarcelamiento?) “provoca cárceles sobrepobladas con condiciones de detención que vulneran los derechos de las personas detenidas”.
Sobre los límites
Con esto, volvemos al comienzo: el aumento de las personas encarceladas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de ellas sin condena firme, nos remite a la pregunta por la política criminal y el uso —o abuso— de la prisión preventiva. Debería llamar la atención por sí solo el dato de que la tasa de detenidos en la provincia de Buenos Aires sea el doble que la tasa de encarcelamiento a nivel mundial. Sobre la prisión preventiva, si no la leyeron les recomiendo la entrevista que le hice hace algunos meses a la abogada y Secretaria del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, Lucía Gallagher, que si bien habla de las cárceles federales, menciona que “la prisión preventiva solo debe aplicarse como última medida y siempre en caso de que el resto [de medidas] no funcione o no alcancen para asegurar que el proceso se pueda llevar adelante correctamente”.
Una vez más, creo que la pregunta debería ser sobre los límites a las políticas de detención, en estrecha relación con la superpoblación y el hacinamiento tanto en cárceles como en comisarías y alcaidías. Después de todo, la teoría dice que la prisión tiene una función de resocialización, aunque la mayoría de las veces pareciera ir en sentido contrario.
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En cuanto al trabajo, la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingresos de las mujeres trans y travestis mientras que la participación en el empleo formal es baja, de apenas el 13,5%. Con respecto a la vivienda, el informe sostiene que “el acceso habitacional es uno de los derechos más vulnerados" y que desde 2005 —el informe de referencia con el cual se establecieron las conclusiones del presente documento— “no hubo ninguna mejora”.
Por último, el informe destaca que en los últimos diez años "el 62,6% de las mujeres trans y travestis, el 65,6% de los varones trans y el 84% de las personas no binarias fueron víctimas de violencias”. Los principales ámbitos señalados en los que se registró violencia institucional y social fueron las comisarías y el transporte público. En este sentido, el documento señala que la violencia policial dirigida hacia las mujeres trans y travestis "se mantiene en un nivel muy alto, similar a la proporción registrada en 2016: casi siete de cada diez manifestaron haberla sufrido".
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