Ni una menos
Se cumplen 8 años del primer Ni una menos y la deuda de la democracia con las mujeres y las personas travesti-trans sigue siendo enorme.
Hola! Soy Agus Colombo y hoy tenemos una edición especial para pensar algunos ejes relacionados con la violencia institucional, la violencia de género y la Justicia. ¡Gracias por suscribirte!
Ni una menos
Hoy se cumplen 8 años del primer Ni una Menos y desde las 14 horas habrá una manifestación frente al Congreso de la Nación bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos". También se esperan movilizaciones en distintas ciudades del país.
Desde aquel 3 de junio de 2015 el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó 2257 femicidios, lo que equivale a decir que cada 31 horas una mujer murió asesinada por un varón solo por el hecho de ser mujer. La cifra, año a año, se mantuvo relativamente estable e incluye también los femicidios vinculados, que son aquellos crímenes cometidos por varones contra otras personas con el objetivo de causarle sufrimiento a una mujer. Además, en el mismo período se contabilizaron al menos 29 transfemicidios.
Dos datos son alarmantes, aunque no sean nuevos: en 2022, el 64% de los femicidios ocurrió en el hogar de la víctima y en lo que va de 2023, el 56%. Además, durante estos ocho años, en el 63% de los casos el femicidio fue perpetrado por su pareja o expareja y, como consecuencia de estos crímenes, al menos 1932 niños y niñas quedaron sin madre. En este sentido, y teniendo en cuenta que las cifras año a año son prácticamente las mismas, es posible pensar que, aunque según algunos sectores el feminismo ya no tiene nada que aportar, el problema de los roles de género en las relaciones de pareja no está en absoluto resuelto. Quiero decir: anualmente sigue muriendo la misma cantidad de mujeres y en su mayoría es a manos de un hombre que es o fue su pareja, y esto es así desde hace por lo menos ocho años, por lo que no puede ser fruto del azar o la casualidad.
Hay muchos más datos en esta publicación del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y en este video que hicimos en Mate conjuntamente con ellxs. En particular, en esta edición del newsletter me interesa detenerme principalmente en dos ejes: el acceso a la Justicia y los femicidios perpetrados por personas que pertenecen a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas o dicho en otras palabras, por parte de aquellos que pueden portar armas legalmente y las terminan usando para asesinar a sus parejas o exparejas.
Acceso a la Justicia
De acuerdo con el Observatorio, entre 2015 y 2023 el 17% de las víctimas había realizado al menos una denuncia, pero solo el 10% tenía medidas judiciales de protección: “Estos datos vuelven a confirmar que la Justicia es patriarcal y desprotege a las víctimas. Cada caso de una víctima que denunció y fue asesinada desalienta a denunciar y disciplina a las mujeres”, sostiene el informe. Para ser más concretos: hubo 379 mujeres que fueron a la Justicia a pedir ayuda, pero de todos modos terminaron muertas, o mejor dicho, asesinadas.
Por un lado, estos datos nos hablan de un absoluto desamparo, porque si una mujer siente que está en peligro como para ir a hacer una denuncia y las medidas de protección que le ofrece la Justicia no son suficientes, ¿entonces qué?
Pero, por otra parte, algo que me llama la atención es que si solo el 17% de las mujeres había denunciado a su agresor al menos una vez antes de que ocurriera el femicidio, ¿qué pasó con el otro 83%? ¿Por qué no hubo denuncias previas en ese caso? Pienso en la pirámide de la violencia de género para descartar de plano la posibilidad de que no haya habido otras violencias previas por las cuales “no hiciera falta” una denuncia.
Por lo que quedan otras opciones: por motivos emocionales, económicos, vinculares, pero también otra posibilidad —que no excluye a las otras— es que se deba a la falta de acceso a la Justicia, es decir, a no saber cuáles son tus herramientas, o bien, conocerlas pero no poder acceder a ellas. En esta línea, el reclamo del Observatorio es por una reforma judicial transfeminista y con perspectiva de clase que exija la llegada de la Justicia a los barrios populares: “Si bien sabemos que la violencia de género atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y todas las clases sociales y niveles socioeconómicos, lo cierto es que las mujeres pobres se encuentran con muchísimas más barreras para acceder a la Justicia”.
Una reforma judicial con perspectiva de género, de acuerdo con el Observatorio, implicaría, entre otras cosas, que “las mujeres dejen de ser revictimizadas y violentadas institucionalmente, que se las escuche, que se les tomen las denuncias y se apliquen medidas efectivas para realmente protegerlas”, como pueden ser “posibilidades concretas de poder apartar al agresor de la vivienda”, o bien que existan “políticas de acceso a la vivienda con perspectiva de género que otorguen a las mujeres la autonomía económica suficiente para poder dejar el hogar en el que su vida corre peligro sin perder su patrimonio”. Medidas que son elementales pero que, al mismo tiempo, suenan remotas.
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Femicidios cometidos por miembros de las Fuerzas
En los últimos tres años y medio, 52 de los femicidios fueron cometidos por integrantes de las Fuerzas de Seguridad. Las mismas Fuerzas que, en teoría, deberían proteger a las mujeres de su agresor, tomar las denuncias en la comisaría y controlar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Justicia son quienes, en algunos casos, terminan cometiendo un femicidio. “Entendemos que el hecho de que el agresor forme parte de una fuerza de seguridad o armada implica un mayor factor de riesgo dado el fácil acceso de los agresores a las armas de fuego, forma utilizada en el 31% de los casos en el último año”. Si bien desde el Observatorio reconocen que no hay una relación lineal entre el hecho de que haya miembros de las Fuerzas que cometan femicidios y el control que las propias Fuerzas ejerzan o no ante las medidas de protección en su contra, en el informe sostienen que esto sin dudas ilustra “la poca perspectiva de género y derechos humanos que aún tienen”.
Para pensar un poco más sobre el acceso a la Justicia y los límites del sistema judicial entrevisté a Mariela Belski, abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien también es activista y embajadora de She Decides. Mariela también fue docente, investigadora e integrante de la Clínica Jurídica de Derecho de Interés Público de la Universidad de Palermo y trabajó varios años en el sector público y en el tercer sector.
Tres preguntas a Mariela Belski
¿Considerás que está garantizado el acceso a la justicia para las mujeres?
El acceso a la justicia, a una justicia reparadora y con perspectiva de género, continúa siendo una deuda del Estado. A 8 años del primer Ni Una Menos el diagnóstico sigue siendo preocupante: se minimizan los testimonios de quienes se animan a denunciar (personas cis, travesti, trans, no binarias que atraviesan situaciones de violencia) y hay fuertes demoras en la aplicación de medidas de protección que requieren respuestas ágiles.
Las mujeres que deciden decir basta para vivir libres de violencias, aún encuentran barreras para el acceso a la justicia, que repercuten negativamente afectando su vida, su salud mental y su integridad.
Es indispensable que el Estado realice un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes, asegure la sostenibilidad de las estrategias exitosas y genere medidas efectivas, oportunas y que pongan a las víctimas de la violencia de género en el centro.
¿Cuáles te parece que son los límites de la Justicia en casos de violencia de género? ¿Qué otras herramientas de reparación, defensa y cuidado creés que existen?
Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género, sin embargo, la violencia se manifiesta a través de diversas maneras. Esto implica que tanto la violencia económica como la política, la violencia contra la libertad reproductiva o la que tiene lugar en el ámbito digital también son formas de violencia de género con un profundo impacto en materia de derechos humanos. Por eso desde Amnistía Internacional hace tiempo venimos alertando sobre la intensificación de ataques a periodistas especializadas en género, con la intención de deslegitimar las conquistas feministas y a sus voceras o de enviarles un mensaje disciplinador o de silenciamiento. Estas periodistas son quienes contribuyen con sus coberturas a la construcción de una agenda mediática que visibiliza las demandas sociales y las diversas manifestaciones de la violencia por motivos de género.
Entonces, garantizar la prevención y protección frente a las distintas formas que adopta la violencia de género debe ser parte de políticas integrales, oportunas y reparadoras. Por ello también, desde Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones venimos destacando la necesidad de que el Estado garantice la plena implementación de la ley de educación sexual integral, herramienta fundamental para desarmar patrones violentos por motivos de género.
En los casos en los que sí hay sentencia condenatoria ante un caso de violencia de género: ¿considerás que alcanza con esa condena? (es decir, ¿el Estado se ocupa de que esa persona no reincida, es suficiente reparación para la víctima o sus familiares que el agresor esté preso, etc.?)
El acceso a la justicia no se reduce a una condena, sino que requiere procesos que valoren la palabra de la víctima, que garanticen una escucha activa y que se garantice que sean accesibles, comprensibles todas las instancias y potencialidades de la respuesta judicial y que valoren adecuadamente el riesgo ante una denuncia de violencia de género o un pedido de ayuda. El Estado debe garantizar que todas las instancias previas y posteriores a la resolución de una causa estén a la altura de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Creemos que el poder judicial debe dar un mensaje claro a todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas travestis, trans y no binarias de que pueden animarse a alzar la voz y que pueden confiar en la justicia y en respuestas integrales y articuladas con fuerzas de seguridad y otras instancias institucionales. Por otra parte, debe enviar un mensaje de no impunidad a las personas agresoras, que en más del 95% de los casos registrados en los últimos 10 años son varones.
Amnistía Internacional no cree que el endurecimiento de penas o la creación de nuevas figuras penales sea la respuesta efectiva para la prevención, detección y persecución de los casos de violencia de género. En los últimos diez años, se registraron cerca de 700.000 casos de violencia de género en el Sistema Integrado (SICVG); el 97% corresponden a la modalidad de violencia doméstica: el lugar más inseguro para las mujeres continúa siendo su hogar. De esos casos, los principales tipos de violencia relevados son psicológica, física y económica. Esta situación estructural requiere respuestas integrales que contribuyan a transformaciones culturales, que permeen en todos los niveles y poderes estatales.
Lo que exigimos es que se garantice el acceso a la justicia en los casos de violencia de género. La impunidad en estos casos envía el mensaje equivocado, de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece el sentimiento de inseguridad, la frustración, así como una persistente desconfianza en la justicia.
Paren de matarnos
Repasando la consigna general para la movilización de hoy ("Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos") considero que se abren al menos dos caminos. Por un lado, me parece fundamental vincular el hecho de que las cifras de femicidios se mantengan iguales hace —por lo menos— ocho años con las formas en que la violencia económica agrava los casos de violencia de género. Con esto quiero decir que aún cuando muchas mujeres se animan a denunciar a su pareja, son ellas quienes suelen tener ingresos y empleos informales que no les permiten separarse rápidamente de su agresor. Y esta situación, si se quiere más particular, tiene un correlato directo con medidas más generales relacionadas con la dependencia económica que generan acuerdos como el que Argentina tiene con el FMI. Es sabido que el ajuste recae con más dureza sobre los sectores más desfavorecidos y ocurre que las mujeres representan el 64 % de la población de menores ingresos. Entonces, no se puede escindir la violencia de género de la dependencia económica.
Por otra parte, la consigna de este año también remite a que “con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos”: algo que hemos hablado varias veces en Alto ahí es cómo un sistema judicial sin perspectiva de género por un lado pone en riesgo a las víctimas, pero también cómo, cuando actúa tarde, es ese mismo sistema el que las revictimiza. En lo particular, no creo que el problema pueda resolverse únicamente con una reforma judicial feminista —un pedido de los feminismos desde hace un tiempo— porque la violencia de género empieza muchísimo antes. Ya es una verdad de perogrullo, pero no por eso menos digno de mención, el hecho de que herramientas como la ley de Educación Sexual Integral son fundamentales para repensar los roles de género y la relación con uno mismo y con las demás personas para, como dijo Mariela Belski: “Desarmar patrones violentos por motivos de género”.
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