Ley de Salud Mental: una nueva polémica
Marcha para pedir cambios en la Ley de Salud Mental. Novedades en el caso de Lucas González. Marcha travesti trans contra los travesticidios. Google vs. el derecho al olvido.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
Ley de Salud Mental: una nueva polémica
El viernes pasado, madres de personas con consumos problemáticos marcharon hasta el Congreso para presentar un petitorio en el que piden que se modifique la Ley de Salud Mental y que se redacte una nueva Ley de adicciones que se enfoque en lo específico de estas patologías. La marcha se replicó en varias ciudades del país.
El petitorio se lo entregaron a la diputada Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud, y en él se enumera una serie de modificaciones al artículo 20, que es el que especifica que la internación involuntaria de una persona debe hacerse solo como última opción y cuando haya una situación de riesgo para sí mismo o para terceros. Lo que plantean las madres es que en el caso específico de los pacientes con adicciones la Ley debería permitir a los familiares realizar las internaciones en tiempo y forma en institutos especializados y no en hospitales generales.
Entre la necesidad y la urgencia
El pedido es, a priori, controversial. La ley 26.657, sancionada en 2010, buscó promover la desmanicomialización (entre otras cosas, mediante la atención de los pacientes psiquiátricos en todos los hospitales generales) e introdujo la perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de la salud mental al permitir que se considere a quienes sufren padecimientos mentales como sujetos de derecho. El petitorio, entonces, presenta cierta controversia porque si bien el reclamo de tratar a estas patologías en su especificidad es atendible, apunta contra un artículo que fue modificado justamente para evitar las internaciones involuntarias en instituciones psiquiátricas como único recurso para los tratamientos. La pregunta natural, entonces, sería cómo arbitrar frente a lo que parece un pedido legítimo de los familiares de personas con adicciones, por un lado, y la consideración como sujetos de derecho a los pacientes de salud mental y el intento por evitar, toda vez que sea posible, la internación psiquiátrica, por el otro. Spoiler: este newsletter no ofrece una respuesta definitiva.
Frente a estos reclamos —que no es la primera vez que ocurren— el CELS y otras organizaciones mandaron una nota al Congreso en defensa de la Ley de Salud Mental y advirtieron que "una eventual reforma podría significar un grave retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial". Y algo fundamental: desde el CELS también destacan que para poder llevar adelante la plena implementación de la Ley, el Congreso debería garantizar a través de la Ley de Presupuesto un aumento de los recursos para cumplir con lo que estipula la normativa: que como mínimo el 10% del presupuesto total de salud debe asignarse a salud mental.
Ese protocolo no, otro
Otro de los pedidos presentados en el petitorio, y sobre el cual me atrevo a decir que sí hay consenso, es que “se instruya al personal policial para poder intervenir en un caso concreto con la preparación y la empatía necesaria” y que se protocolice el rol de las fuerzas de seguridad y de los jueces con capacitaciones continuas. Sin ir más lejos, una de las organizadoras de la marcha fue Marina Charpentier, madre de Chano, quien como seguramente todos recordarán perdió un riñón y el bazo por un disparo de un policía cuando estaba teniendo una crisis psiquiátrica. Algo que muy difícilmente podría calificarse como una Policía con la preparación y empatía necesarias.
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Otras noticias
CASO LUCAS GONZÁLEZ
La familia de uno de los testigos del asesinato de Lucas González denunció intimidaciones. Según denunciaron, les pincharon dos cubiertas de su auto, que estaba estacionado frente a su casa. Pocos días después, encontraron que la ventanilla del auto había sido destrozada a golpes, pero que no habían robado nada del interior del vehículo. Curiosamente, la familia —al igual que las otras tres familias de los testigos del crimen— debía contar con custodia de la Policía Federal, pero al momento de los hechos denunciados o no estaba o no se enteró de lo que estaba pasando. Vaya, vaya. El familiar —cuya identidad se encuentra protegida— aportó los videos de las cámaras de seguridad para que se incluyan en el expediente de la causa en la que se investiga a 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires por el asesinato de Lucas. Además, el fiscal Leonel Gómez Barbella denunció a los custodios ante la Justicia por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y dispuso la custodia de las cuatro familias a otra fuerza de seguridad.
MARCHA DE LA COMUNIDAD TRAVESTI-TRANS CONTRA LOS CRÍMENES DE ODIO
En el Día del Orgullo LGBTIQ+, la comunidad travesti trans participará de la séptima Marcha Plurinacional Antirracista bajo la consigna “Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios” y pedirán que se incorporen esas figuras en el Código Penal. Además, pedirán por la aparición con vida de Tehuel de la Torre (que lleva más de quince meses desaparecido), la reparación histórica a las sobrevivientes de violencia institucional, la aplicación del cupo laboral trans, la capacitación del personal de salud y justicia por Melody, la chica trans asesinada a balazos en Mendoza en 2020.
Todavía hoy, en 2022, la esperanza de vida para las personas de la comunidad es en promedio de 40 años, la mitad que para el resto de la población. Además, entre 2020 y 2021 hubo 335 travesticidios y en lo que va de este año se contabilizaron 5 transtravesticidios.
NATALIA DENEGRI Y EL DERECHO AL OLVIDO
Este tema me parece súper interesante y seguramente me explaye un poco más en una próxima edición de Alto ahí, pero por ahora vamos con la información reciente. La Corte Suprema de la Nación revocó hoy el fallo que favorecía a Natalia Denegri en el pedido por el derecho al olvido. La historia es así: Denegri busca que saquen de los resultados de las búsquedas de Google las notas y videos que la relacionan con el Caso Coppola, ocurrido en 1996 (el del famoso jarrón). Concretamente, pide que Google la desvincule de 21 artículos periodísticos publicados en Clarín y La Nación y de 11 videos de YouTube, ya que, alega, afecta derechos personalísimos. Los jueces de primera y de segunda instancia consideraron que esos contenidos no tenían carácter informativo sino “morboso”, por lo que le dieron la razón. Pero Google apeló y hoy los jueces de la Corte dijeron que el caso tiene “gran interés público” para la sociedad y apelaron al derecho a la información y a la libertad de expresión para su fallo. Qué suerte que sean tan buenos, tan defensores de la libertad. Natalia Denegri respondió al fallo de la Corte y dijo que no busca limitar la libertad de expresión sino que se la desvincule de ciertas búsquedas en Google y adelantó que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Agus.