La Masacre de Monte
Empezó el juicio por la Masacre de Monte, un caso emblemático de violencia institucional y que se enmarcó dentro de la llamada Doctrina Chocobar.
Hola! Soy Agus Colombo y en este newsletter vamos a hablar de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos e ideas. Este año la frecuencia del newsletter no siempre va a ser semanal: algunas veces saldrá cada dos semanas, otras dos semanas seguidas y otras cuando los temas lo ameriten. Pero siempre será los martes. Ahora sí, ¡gracias por suscribirte!
La Masacre de Monte
Ayer empezó el juicio por la Masacre de Monte, un caso de violencia institucional ocurrido en la madrugada del 20 de mayo de 2019 en el que cuatro adolescentes murieron tras una persecución policial por parte de efectivos de la Bonaerense. Un jurado popular juzgará a los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y al excapitán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén García, por los delitos de homicidio agravado por abuso de su función como miembro de la fuerza policial, por el empleo de armas de fuego y por violación de los deberes de funcionario público.
Camila López, Danilo Sansone, Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliariello —la única sobreviviente— tenían entre 13 y 22 años al momento del hecho. Habían salido a dar una vuelta en auto por su pueblo, San Miguel del Monte, cuando un patrullero comenzó a perseguirlos y a dispararles por la colectora de la Ruta 3. Según los registros de las cámaras de seguridad del municipio, uno de los policías tenía la mitad del cuerpo afuera del auto y los apuntaba con un arma, lo que derivó en que el Fiat 147 en el que viajaban los adolescentes chocara contra un acoplado y murieran cuatro de ellos, mientras que Rocío Quagliariello quedó internada en grave estado durante casi un mes y fue operada al menos seis veces —ni siquiera ella sabe con precisión cuántas operaciones de reconstrucción ósea tuvieron que hacerle—.
En un primer momento, la Policía dijo que los jóvenes murieron en un accidente de tránsito y que ninguno había disparado. Pero después armaron una nueva versión en la que acusaban a los adolescentes de haber salido a robar y darse a la fuga. Rápidamente la carátula de la causa cambió cuando la autopsia de Gonzalo mostró que había recibido un impacto de bala de un arma policial en el glúteo. Así, la versión de los policías quedó descartada y, con ella, las actas del hecho que habían falsificado.
Minutos antes del comienzo del juicio, Susana Ríos, la mamá de Gonzalo, habló con los medios y dijo que los policías dispararon al menos doce veces y que “evidentemente los chicos pasaron por un lugar adonde no sé qué estaba haciendo la Policía (…) para mí ese fue el motivo”. Luego de la masacre, hubo una pueblada y los vecinos apedrearon la comisaría. De acuerdo con Dora Bernárdez, una de las abogadas querellantes, fue justamente gracias a esos vecinos que se presentaron a declarar que el caso salió a la luz. En el juicio, además, actúan como querellantes la Comisión Provincial Por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); mientras que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó bajo la figura de amicus curiae.
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El patrón del mal
La masacre tiene varias derivas. Por un lado, hay otra causa que se desprende del hecho y en la que diecinueve policías bonaerenses y el ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, irán a juicio por encubrimiento agravado y violación de deberes de funcionario público, aunque todavía no hay fecha para el comienzo del juicio. También hay una causa vinculada por “presunta violación de los deberes de funcionario público” contra la entonces intendenta de Monte, Sandra Mayol. En este sentido, la CPM aseguró que en las horas siguientes a la masacre hubo una trama de encubrimiento que no pudo haberse llevado adelante “sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la (entonces) intendenta Mayol”.
Por otra parte, en 2019 y tras la Masacre de Monte, diputados del Frente de Todos presentaron un pedido de juicio político contra la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerar que incurrió en “mal desempeño” y en la “comisión de eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones” y que el accionar policial en San Miguel del Monte fue “resultado de las directivas que son impartidas desde la cartera que encabeza Bullrich”. A lo que referían es a la famosa “Doctrina Chocobar”, una política discursiva y material de mayor punitivismo por parte de las fuerzas de seguridad y que llevaba el visto bueno de los principales referentes políticos —con Macri y Bullrich a la cabeza— para el ejercicio de la mano dura y el gatillo fácil.
Luis Chocobar fue el policía que en diciembre de 2017 asesinó por la espalda a un joven que le había robado una cámara de fotos a un turista en el barrio porteño de La Boca. Cuatro años más tarde, Chocobar fue condenado a dos años de prisión y cinco de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber (una pena bastante suave, para ser sinceros). Pero el caso Chocobar fue emblemático durante el macrismo en general y para la política de Seguridad de Patricia Bullrich en particular. En 2018, el gobierno nacional estableció un nuevo reglamento del uso de armas de fuego en el que el uso letal de la fuerza dejaba de ser una excepción y se empezaba a habilitar a las fuerzas de seguridad para que dispararan bajo la borrosa figura de “peligro inminente” ante cualquier situación, lo que se conoció como Doctrina Chocobar.
El juicio por la Masacre de Monte nos vuelve a situar en la escena de aquellos años en los que las políticas de seguridad de Patricia Bullrich le aflojaron la correa a las fuerzas de seguridad. Si bien la sucesora en el cargo, Sabina Frederic, derogó todos los reglamentos de Bullrich, refrescar la memoria sobre estas ideas parece algo de lo más vigente: no solo porque la violencia institucional sigue siendo una deuda de la democracia, sino porque hace tiempo que escuchamos a los dirigentes de la ultraderecha pedir “cárcel y bala” para los delincuentes y, simultáneamente, vemos cómo el discurso sobre la seguridad y los límites del Estado de Derecho se desdibujan cada vez más. Vayan como ejemplos la política criminal de la que hablamos en esta edición de Alto ahí y la duda sobre dónde queda la presunción de inocencia con Gendarmería subiendo a los colectivos a hacer requisas y pedir documentos, algo que hablamos en esta otra edición. La solución a estos temas se intuye lejana.
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