Juezas y parte
Muy a su pesar, la Justicia riojana reprogramó la audiencia en la que iba a declarar Delfina Silva, la mamá de la niña Arcoíris. Además: declaró Darthes; juicio por el crimen de Luis Espinoza.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos. Una vez más, ¡gracias por suscribirte!
Juezas y parte
En las últimas horas, la Justicia de La Rioja reprogramó la audiencia que tenía para hoy Delfina Silva Zarranz, la madre de Arcoíris, la niña de 6 años que contó en reiteradas ocasiones que su abuelo paterno abusó sexualmente de ella. La reprogramación llega luego de que el viernes se realizara en Plaza de Mayo una movilización y una muralla por Arcoíris en rechazo a la orden de la jueza Alicia Nicolasa de las Mercedes Valdez para que la menor vuelva a La Rioja, donde viven su abuelo y su padre que, según consta en las denuncias, es cómplice y entregador. Además, la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino y le pidió al Estado argentino que brinde información judicial sobre el caso.
Actualmente, Arcoíris y Delfina viven en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la intervención de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que determinó que ambas corrían peligro cerca del progenitor —considerado partícipe necesario para que se cometan los delitos—, y dictó medidas de prevención. Pero el padre de Arcoíris continúa con su estrategia de denunciarla por “impedimento de contacto”, figura por la que en 2020 Delfina perdió la tenencia de su hija, que tuvo que pasar seis meses en casa de su abusador.
Pero según la jueza riojana Alicia Nicolasa, la niña debe suspender su tratamiento terapéutico y volver a La Rioja “para que el Cuerpo Asesor del Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores determine quién de los progenitores es apto para el ‘cuidado parental’”. Además, la jueza Ana Carla Menem, de la Cámara 4ª en lo Civil de La Rioja, había suspendido la responsabilidad parental (la antes llamada patria potestad) de Delfina y resuelto que Arcoíris fuera entregada a su progenitor por la fuerza pública. Aunque la imputó por “impedimento de contacto” y “desobediencia a la autoridad” y le impuso una multa diaria altísima —todo porque escuchó el pedido de su hija de no ir más a la casa de su padre—, ahora quedó protegida gracias a la salvaguarda de la figura de madre protectora (aquellas madres que deciden ir a la Justicia porque sus hijos o hijas son violentados), lo que impide que sea declarada en rebeldía y, como consecuencia, que la niña sea entregada a los abusadores.
La audiencia que fue reprogramada es dentro de esta última causa, y aunque Delfina pidió que su declaración indagatoria fuera de manera remota y virtual, se lo negaron. De no haberse resuelto la reprogramación, si Delfina no se presentaba, la Justicia podía llevarla a prisión, lo que implicaba que automáticamente Arcoíris pasara a estar bajo la tutela del padre. Y si viajaba a La Rioja, Delfina estaba segura de que la niña sería obligada a volver con su padre.
Desde el colectivo Justicia por Arcoíris denuncian persecución judicial a Delfina y hacia las madres protectoras en general. Aunque seguramente este accionar de la Justicia nada tenga que ver con que el abuelo denunciado trabaja en el Tribunal Superior de Justicia provincial junto a la sobrina del gobernador de La Rioja, Karina Becerra, ¿no?
Justicia bruta, ciega, sordomuda
Desde 2018, Delfina realizó cinco denuncias contra el abuelo paterno y Arcoíris relató, en varias oportunidades, los abusos. Pero en 2020 una jueza dictaminó que había “impedimento de contacto” por parte de Delfina y le otorgó el cuidado provisorio al progenitor. Como Arcoíris lloraba porque no quería volver a casa de su padre, Delfina se presentó en Asuntos Juveniles, donde constataron lo que decía la niña. A partir de ello, hubo siete citaciones judiciales a la madre, que entonces, por decisión de la justicia, pasó seis meses sin ver a Arcoíris, que en octubre de 2021 le relató un nuevo abuso. Por eso Delfina responsabiliza al Poder Judicial de La Rioja, porque “a pesar de las denuncias, los abusos siguieron. Si hubieran protegido a mi hija desde la primera denuncia, no hubiera pasado la mitad de su vida abusada”.
Por su parte, la abogada Elida Barrera denunció que la declaración del médico que interviene en el caso fue suspendida dos veces y que el protocolo que está en el expediente fue adulterado. Además, Barrera dijo que también se desconocieron las pruebas de la evaluación psicodiagnóstica realizada por Salud Activa, una institución especializada y perito de consulta del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Los derechos del niño son derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio diez días al Estado argentino para que brinde información judicial sobre el caso. El pedido surgió luego de que las abogadas Elida Barrera e Ivana Cattaneo presentaran una medida cautelar “ante la grave situación que sufren Arcoíris y su madre”. En el escrito, sostienen que “la situación se torna de suma urgencia ya que resulta evidente el ánimo de criminalización de las víctimas” y que, en vez de resguardar sus derechos, “se transformaron en victimarias y son perseguidas por la Justicia penal de La Rioja”. Además, la cautelar expresa que “existe un daño irreparable ante la falta de protección de los organismos judiciales que han ignorado la aplicación de todos los principios de los tratados internacionales vulnerando así el interés superior de la niña”.
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Otras noticias
DECLARÓ JUAN DARTHES
Finalmente el jueves declaró por primera vez Juan Darthes luego de cuatro años de iniciada la causa por abuso sexual contra Thelma Fardin. Si bien la causa tiene secreto de sumario, trascendió que en la indagatoria Darthes negó los hechos y también se negó a responder preguntas de la querella y de la fiscalía. Martín Arias Duval, el abogado de Thelma, dijo que ahora solo restan los alegatos y que el juez puede dar sentencia inmediatamente o tomarse un tiempo, por lo que podría conocerse entre fin de año y principios de 2023.
EMPEZÓ EL JUICIO POR EL CRIMEN DE LUIS ESPINOZA
Ayer empezó en Tucumán el juicio por el crimen del trabajador rural Luis Espinoza, en el que serán juzgados nueve policías y dos civiles por la desaparición forzada seguida de muerte. El 15 de mayo de 2020, en un supuesto operativo por la cuarentena, policías de civil y en autos sin identificación detuvieron y golpearon a Luis y a su hermano Juan, que quedó inconsciente. En ese momento, Juan no supo qué había pasado con su hermano, aunque llegó a ver que uno de los policías disparaba contra Luis y que lo cargaban en una camioneta. La familia Espinoza fue esa misma noche a la comisaría, donde les aseguraron que no sabían nada. El 22 de mayo, tras una semana desaparecido, el cuerpo de Luis fue hallado en un barranco sobre la ruta 65, en el límite entre Tucumán y Catamarca. Los acusados serán juzgados por los delitos de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, por haberse cometido con abuso de funciones de miembros de la fuerza y por uso de armas de fuego. Además, en el debate se juzgará la privación abusiva de la libertad de Juan.
FEMICIDIO DE AGOSTINA GISFMAN
El jurado popular declaró culpables a los cinco imputados por el femicidio de Agostina Gisfman. En el segundo juicio por el femicidio (el primero debió ser suspendido porque el jurado popular recibió amenazas en la misma sede judicial y lo hablamos en esta edición de Alto ahí), el jurado declaró culpables a Juan Carlos Monsalve; Claudio Enzo Monsalve y Julio Maximiliano Zapata como coautores de homicidio agravado por alevosía, premeditación y por haber sido perpetrado por hombres hacia una mujer en contexto de violencia de género; a Ana María Perales como instigadora y a Gustavo Alejandro Chianese como partícipe secundario (a diferencia del pedido de la fiscalía de considerarlo partícipe necesario). Ahora se espera que la Oficina Judicial establezca la fecha de audiencia en la que se conocerán las penas que, según la fiscalía, será de prisión perpetua para los tres coautores y la instigadora del hecho.
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