El juego de las 7 diferencias
Se confirmó que Leandro Bravo murió por torturas de la Policía chaqueña. Empezó el juicio contra los acusados de violación grupal en Florencio Varela. A 20 años de la desaparición de Marita Verón.
Hola! Soy Agus Colombo y los martes nos vamos a encontrar en este newsletter para comentar casos de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos, tecnicismos e ideas a partir de ellos.
Una vez más, gracias por suscribirte. Espero que podamos construir juntxs un lugar de reflexión o, al menos, de contacto con esas noticias que -cuando nos enteramos de su existencia- suelen quedar en el olvido al poco tiempo.
Hostigan y mienten
Leandro Bravo tenía 37 años cuando el 26 de febrero la policía lo detuvo en Charata, Chaco, luego de recibir una supuesta denuncia por parte de una vecina. Según testigos, Leandro no se resistió pero igual los agentes Enzo Gómez, Franco Sosa y Agustín Díaz lo golpearon en el piso, lo subieron esposado a la caja de uno de los móviles y lo llevaron a la Unidad de Medicina Legal. Allí la enfermera de turno, al ver que se encontraba descompensado, solicitó su traslado al hospital, adonde llegó sin vida.
No era la primera vez que la policía de Chaco lo detenía y torturaba: en 2017 varios oficiales lo golpearon por discutir con un vecino, lo que lo dejó internado en terapia intensiva durante diez días. Según una de sus hermanas, esto lo llevó a abandonar su trabajo y sus estudios y la policía siguió hostigándolo cuando él quedó en situación de calle.
Toma dos
Una primera autopsia a cargo del médico forense oficial, Hugo Rodríguez, y un médico de parte estableció que Leandro no contaba con lesiones recientes y que su muerte había sido producto de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Sin embargo, a su familia no le cerraba el informe porque vecinos de la zona habían visto la golpiza y torturas por parte de los policías. Primero confirmaron que la denuncia de la vecina había sido falsa cuando la mujer declaró que uno de los policías la había incitado a realizarla después de la muerte de Leandro. Luego, con 70 filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona, el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros intervinieron como querellantes junto con la familia y pidieron la intervención de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Sáenz Peña.
Con todo, el 14 de marzo fueron detenidos los policías Alexis Fleitas -el primero en detener a Leandro-, Sosa, Díaz y Gómez, acusados de tormentos seguidos de muerte. El 24 de marzo -sí, el 24 de marzo- familiares de los policías realizaron una marcha en repudio a la fiscalía de Derechos Humanos represores de policías -estuve un rato pensando un remate pero creo que el remate es la convocatoria en sí misma-.
El 25 de marzo, a pedido de la querella, se realizó una segunda autopsia que determinó que Leandro sufrió múltiples traumatismos en rostro y tórax, que no se observan en los videos aportados a la causa, y que en esos videos a Leandro se lo ve con el torso desnudo y sin lesiones hasta la llegada del personal policial. Además de los traumatismos, el cuerpo presentaba infiltraciones hemáticas en la espalda, las piernas y los pies. El informe agrega que “las lesiones observadas a nivel cervical son compatibles con la compresión extrínseca del cuello, mecanismo que lleva a la asfixia mecánica”. O sea, Leandro murió producto de los golpes y de la asfixia. Nada más alejado de una muerte no traumática.
El juego de las 7 diferencias (con la versión oficial)
Florencia Sánchez, una de sus hermanas, contó que el parte oficial de la muerte de su hermano hacía énfasis en su consumo problemático de drogas -que se había agudizado luego de la detención y golpiza en 2017- en un intento por criminalizar sus adicciones y desviar la atención de la causa. Florencia también dijo que se enfrentan a una red de impunidad compuesta por medios de comunicación, policías con prácticas heredadas de la dictadura y jueces que miran para otro lado cuando se trata de oprimidos y marginados.
La segunda autopsia fue realizada por la doctora Gabriela Lamparelli, del Instituto Médico de Ciencias Forenses, y por la perito de parte, la doctora Virginia Creimer, quien detalló que en la primera hubo graves falencias y que no se había aplicado el protocolo de Minnesota creado para los casos de muertes en custodia policial, ni tampoco procedimientos básicos de medicina legal, y concluyó que haber hecho mal la autopsia “fue un acto delictual; todo lo que se perdió y el tiempo transcurrido implica perder pruebas, eso no es inocente”. Como si fuera poco (no), Lamparelli recibió amenazas que ya fueron puestas en manos de la fiscalía.
El abogado del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen, informó que se habría incurrido en falsedad ideológica, mala praxis, impericia y encubrimiento, y el papá de Leandro adelantó que van a denunciar a quienes participaron en la primera autopsia.
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Otras noticias que son un jonba
Empezó el juicio contra Cristian Chávez, Rubén Chávez, Diego Domínguez y Gustavo Carbonel, los cuatro acusados de haber violado en grupo a Paula Martínez en Florencio Varela en 2016, quien a fines del año pasado, con 23 años, se suicidó luego de varios intentos. Paula no contó con una eficaz asistencia del Estado y tuvo que soportar durante cinco años las amenazas de los familiares de los acusados que viven en el mismo barrio. La madre de Paula, Sandra Zapata, es quien continúa con el juicio y quien se ocupa de sus cuatro hijos y de los tres hijos de Paula mientras siguen viviendo en el mismo barrio que los familiares de los acusados que infringen sistemáticamente las restricciones perimetrales ordenadas por el juez.
Los cuatro acusados están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y hay un quinto imputado, Mauro Nair Goncalves, que está prófugo y por quien se ofrece una recompensa de 4 millones de pesos para aquel que pueda dar información sobre su paradero.
El domingo se cumplieron 20 años de la desaparición forzada de Marita Verón en San Miguel de Tucumán. Marita tenía 22 años y una beba de 2, y fue secuestrada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Su mamá, Susana Trimarco, consiguió que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue uno de los motores para la sanción de las leyes para prevenir y perseguir el delito de trata y proteger y asistir a sus víctimas. Además, Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles, desde donde logró rescatar a cientos de mujeres y niñas que se encontraban en la misma situación que su hija y en la que brinda asistencia integral a las víctimas, recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a ellas y sus familiares. Susana Trimarco sigue buscando a su hija con vida.
El juez tucumano Guillermo Matías Puig pidió a la legislatura provincial el desafuero de Ricardo Bussi (hijo del represor Antonio Bussi), denunciado por abuso sexual por una joven colaboradora de su partido, Fuerza Republicana. Según consta en la denuncia, la joven de ahora 26 años trabajó durante 2019 como colaboradora en algunas actividades del partido que preside Bussi. Un día se enteró de que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos. Según el abogado de la denunciante, ella intentó resolver esa situación y, como no lo logró, acudió al partido y Bussi le indicó coactivamente que deje de intentar denunciar esa irregularidad y luego la abusó sexualmente como un acto de intimidación. Este mes, la denunciante acudió ante la ONU y la CIDH con el acompañamiento de distintas organizaciones mientras que el año pasado se había reunido con autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Su abogado, Salvador Iovane, explicó que el objetivo era “avanzar con el desafuero de Bussi” y lograr que se declarara “la inconstitucionalidad del proceso de Tucumán”, la única provincia “que requiere una investigación previa para comenzar una investigación”.
La Justicia de Córdoba confirmó que van a juicio oral los 13 policías acusados de haber matado al adolescente Valentino Blas Correa, quien en la madrugada del 6 de agosto del 2020 circulaba en auto con sus amigos por la capital. Según la instrucción de la causa, los adolescentes evadieron un control policial cuando regía el Aspo por la pandemia y los policías dispararon varios tiros: uno de ellos ingresó por la luneta y mató al adolescente de 17 años.
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¡Hasta el martes que viene!
Agus.
Tremendas noticias, el otro día hablaba con mi compa la necesidad de desarticular el aparato policial y restructurar la formación, cómo mínimo, que vean revisionismo histórico, derechos humanos, psicología, algo de trabajo social, sociología, género, atención al público, no que en 6 meses tengan habilitación para pegarle un corchazo al pibe que es el " enemigo" hay cosas que me parece están profundamente mal en la estructura social, también la naturalización de la esclavitud y la batalla cultural por ser un poco más íntegros y en esa integridad aceptar la vulnerabilidad del ser humano como ser imperfecto. 🔥