Celulares en prisión
¿Está bien que las personas privadas de su libertad tengan acceso a teléfonos celulares y a Internet? ¿Quiénes se oponen a esto y por qué? ¿Qué usos puede tener la tecnología dentro de la cárcel?
Hola! Soy Agus Colombo y en este newsletter vamos a hablar de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos e ideas. Este año la frecuencia del newsletter no siempre va a ser semanal: algunas veces saldrá cada dos semanas, otras dos semanas seguidas y otras cuando los temas lo ameriten. Pero siempre será los martes. Ahora sí, ¡gracias por suscribirte!
Celulares en prisión
Una y otra vez vuelve a la esfera pública la discusión sobre si las personas privadas de su libertad deberían o no poder usar teléfonos celulares. El principal argumento en contra que se esgrime es el de la inseguridad o, dicho en otras palabras, que el uso de celulares provoca que se cometan delitos desde la cárcel. Esa fue una de las opiniones que más se escucharon cuando hace algunas semanas se reavivó el conflicto con el narcotráfico en Rosario (¿o debería decir cuando el conflicto llegó, una vez más, a los titulares de los medios nacionales?).
En cualquier caso, desde la oposición un grupo de diputados del PRO, liderados por el mendocino Álvaro Martínez, presentó un proyecto para "tipificar como un nuevo delito en el Código Penal la tenencia de dispositivos móviles por parte de los presos" y penar con años de prisión a aquellos que introduzcan los dispositivos en la cárcel y a los propios internos que los utilicen. Lo que se busca, en definitiva, es incluir los celulares en el listado de elementos prohibidos en las cárceles porque consideran que son una herramienta para cometer delitos: “estos dispositivos adquirieron, a lo largo de los años, estatus de armas poderosas en manos de los criminales", enfatiza el proyecto de ley. Un documento similar ya había sido presentado en febrero por el diputado del Frente Renovador, Oscar Martínez, en Santa Fe. Lo que me parece destacable es el optimismo de ambas propuestas: ¿Se imaginan si los problemas con el narcotráfico se resolvieran mediante la prohibición de usar celulares en las cárceles?
En última instancia, habría que hablar con números: según un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de octubre de 2021, se hallaron 19 casos de jefes narcos que desde las cárceles continuaban manejando ese negocio y que cometían otros delitos. Según el Ministerio Público Fiscal, en ese mismo año las personas privadas de su libertad en cárceles federales rondaban las 11.000.
Lo que hay de fondo, en realidad, es un asunto largamente discutido y que tiene que ver con el castigo: la pena es la privación de la libertad, no de todos los derechos fundamentales de los condenados. Pero como no se puede presentar un proyecto de ley que diga “vamos a prohibir que los presos tengan derechos”, el argumento de la inseguridad aparece como el caballito de batalla perfecto.
Lo que la pandemia nos dejó
En rigor, en varias provincias está permitido el uso de celulares en prisión. La medida se remonta a los primeros días de la cuarentena por covid-19, en marzo de 2020, cuando la Cámara de Casación Penal autorizó el uso de teléfonos celulares para los presos y presas de la provincia de Buenos Aires y tuvo que ver, justamente, con que varios de sus derechos se veían interrumpidos por el aislamiento (como estudiar, trabajar, recibir visitas, entre otros). La medida luego se extendió a la mayoría de las provincias y legalizó algo que ya ocurría, lo que además permitió un control más eficaz de los dispositivos. La cuarentena terminó pero la resolución sigue vigente, al menos hasta diciembre de 2023. Por eso la discusión vuelve una y otra vez con la inseguridad como bandera; no olvidemos que este es un año electoral y la seguridad es uno de los temas favoritos de los candidatos a la hora de hacer campaña.
Pero los intentos por dar de baja la medida son permanentes. En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich vetó en forma parcial una ley provincial aprobada a principios de abril que establecía la "prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios" al considerarla "regresiva en materia de acceso a derechos humanos básicos, universales e inalienables, utilizando la condición particular de las personas privadas de su libertad a efectos de restringir el ejercicio de derechos, resultando además en la práctica una restricción en la comunicación". Días antes del veto del gobernador, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General de la Provincia habían presentado una acción de habeas corpus colectivo y preventivo para garantizar el derecho a la comunicación de los detenidos en cárceles y comisarías de la provincia, y en su pedido subrayaban que “el uso de estos dispositivos ha contribuido en gran medida a la prevención de casos de torturas o malos tratos, así como también al acceso a justicia”.
En el portal Rest of World, la periodista Lucía Cholakian Herrera habla en varios de sus artículos de los diversos usos que se le da a la tecnología y a los celulares en prisión: menciona, en primer lugar, el contacto de los y las presas con sus familiares y amigos; estudiar; trabajar por videollamada; compartir fotos en Instagram; leer libros online; practicar yoga y hasta participar de las reuniones de padres en las escuelas de sus hijos. También, cuenta Lucía en sus notas, los presos usan la tecnología para registrar abusos por parte de las fuerzas de seguridad y esas imágenes luego son incorporadas como parte de la prueba; y además el acceso a internet y a computadoras les permite capacitarse y desarrollar distintos proyectos como la creación de videojuegos.
Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, porque en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal los celulares aún están prohibidos. Sobre esto, Marta Monclús Masó, Directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con quien hablé para la última entrega de Alto ahí, señala que “El SPF mantiene la prohibición del uso de celulares en las cárceles alegando razones de seguridad (…) Considero que el uso regulado de celulares no debería constituir un problema de seguridad, puesto que cada persona detenida debería registrar su línea y las comunicaciones serían fácilmente identificables en caso de denuncia de algún delito. La prohibición genera más problemas, porque de todos modos los celulares ingresan a la cárcel y su uso es menos trazable. Lo cierto es que la mayoría de las personas detenidas quieren usar el celular para poder comunicarse con su familia e hijos, intercambiar fotografías, emojis, etc., como hacemos todas las personas en la actualidad. Me parece un anacronismo prohibir los celulares en las cárceles. En un mundo hiperconectado como el actual, implica una desvinculación muy fuerte con la familia”.
La comunicación es un derecho humano y, sin intención de un golpe bajo, también es un derecho de niños, niñas y adolescentes poder mantener un vínculo con sus padres y madres aunque estén en prisión —excepto, claro, que ese contacto pueda producirle un daño al menor—. La tecnología facilita muchísimo esa vinculación. En definitiva, creo que en la discusión sobre el uso de celulares en las cárceles se suele mirar una pequeña porción del asunto, no solo por los números que mencionaba antes (¿Cuántos casos de delitos cometidos desde la cárcel efectivamente existen en comparación con la población carcelaria total?) sino en términos de derechos humanos y, siendo muy estricta con la propia función de la cárcel, con la tan mentada resocialización carcelaria.
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Otras noticias
TRASLADO DE DETENIDOS DE CABA A CÁRCELES FEDERALES
La Jueza penal de la ciudad de Buenos Aires, Carla Cavaliere, dispuso que todos los detenidos en comisarías y alcaldías porteñas deben ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. A través de un habeas corpus iniciado hace tres años resolvió que debe cumplirse un esquema de ingreso por cupos. En ese entonces, el número de personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad no superaba los 200, mientras que hoy asciende a 1272. Creo que ni hace falta agregar palabras como sobrepoblación, hacinamiento y pésimas condiciones de detención (bueno, agreguemos algo de todos modos: la semana pasada el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, presentó un informe en el que destacó que en CABA “se pudieron observar inadecuadas condiciones de detención y hacinamiento: falta de agua, ventilación, recreación, sistema médico y vulneración de los derechos del colectivo de personas allí alojadas”).
La jueza dispuso que hasta el 31 de julio deben ser trasladadas las personas con condena de manera paulatina y que desde el 1° de agosto el traslado debe ser inmediato.
La situación en la Ciudad de Buenos Aires es grave, ya que sus comisarías y alcaidías pueden alojar personas por 48 horas máximo y si pasado ese plazo siguen detenidas, deben pasar a una unidad penitenciaria.
¿Les llamó la atención el número de personas en comisarías de CABA? A mí también. A quiénes se detiene y por qué es un tema más delicado y complejo sobre el que intentamos encontrar la punta del ovillo en la última edición del newsletter.
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