Cacheo y confusión
Tras el crimen de Daniel Barrientos, las fuerzas de seguridad empezaron a parar colectivos, hacer cacheos, pedir DNI y requisar las mochilas de los pasajeros. Un nuevo round entre Berni y Aníbal.
Hola! Soy Agus Colombo y en este newsletter vamos a hablar de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos e ideas. Este año la frecuencia del newsletter no siempre va a ser semanal: algunas veces saldrá cada dos semanas, otras dos semanas seguidas y otras cuando los temas lo ameriten. Pero siempre será los martes. Ahora sí, ¡gracias por suscribirte!
Cámara lenta
Tras el crimen del chofer de colectivos Daniel Barrientos y la golpiza a Sergio Berni de la que hablamos la semana pasada, empezaron a pasar varias cosas. Lo más reciente es que hoy se reunieron Berni y Aníbal Fernández para resolver nada (bueno, nada más que mostrarse muy amigos) y sacarse esta bella foto:
Mentira, también se sacaron esta otra:
Bueno, vamos a lo importante. Por un lado, el gobernador Axel Kicillof mantuvo reuniones con empresarios del transporte, delegados sindicales y con los ministros Berni y Jorge D’ Onofrio para avanzar con medidas de seguridad en los colectivos, principalmente en la instalación de cámaras y en que esas cámaras estén conectadas con el Centro de Monitoreo (algo que comunican como noticia, aunque ya debería estar en funcionamiento hace varios años) y en las posibles sanciones que se aplicarán si no se cumple con esta medida. Además, acordaron que hasta que terminen con esas instalaciones, les van a dar botones antipánico a los choferes. Y síganme con esto porque es realmente increíble: según el Gobierno provincial, a mediados de 2021 habían entregado un subsidio a las empresas de transporte por 2.500 millones de pesos para la instalación de las cámaras, pero solo un 20% de las empresas cumplió con la disposición. Así que, a principios de este año, la Provincia intimó a las empresas a que instalaran los dispositivos que faltaban, y ahí fue donde notaron que, encima, muchas de las cámaras instaladas no trasmitían las imágenes al Centro de Monitoreo ni a ninguna parte. ¿Se acuerdan de Franco Milazzo hablándole a la nada durante un año? Bueno, así, pero con la seguridad de los bonaerenses en el medio.
Y recién la semana pasada, tras el crimen de Barrientos, fue que se formó una Comisión de Seguimiento para controlar que efectivamente se instalen las cámaras y que transmitan las imágenes. Todo esto presentado como la gran solución para un problema que, ya lo hablamos hasta el cansancio, no tiene una sola respuesta.
Y ustedes me dirán: “Bueno, Agustina, ¿qué dice la otra campana?”. Las empresas de transporte (a.k.a los empresarios) dijeron que esa partida presupuestaria nunca existió. Pero al mismo tiempo dicen que ese presupuesto fue prorrateado sin considerar actualizaciones por inflación: ¿les mandaron la guita o no? No se definen. Ah, y agregaron que ellos “de ninguna manera se oponen a implementar los sistemas que permitan disuadir el delito”, pero que “tampoco son los responsables de la seguridad pública”. Ahora sabemos por qué los bondis están tan sucios: se gastaron todo el detergente en lavarse las manos.
Cacheo y confusión
Otra de las novedades es que empezó a funcionar una mesa de trabajo quincenal entre los delegados de los colectiveros y la Policía Bonaerense para establecer los puntos más peligrosos para circular y poner puestos fijos o móviles en esas zonas del conurbano. Esta parece ser una de las aristas más sensatas para abordar el problema: una mesa para que los propios trabajadores —actores principales del tema— participen en la búsqueda de una solución.
Pero en los últimos días pasó algo más en lo que me gustaría detenerme: la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía Bonaerense empezó a frenar colectivos al costado de la Ruta 3 en La Matanza e hizo bajar a los pasajeros —todos hombres— para cachearlos y revisar sus pertenencias. Este procedimiento enseguida provocó un enorme repudio, incluso el de Aníbal Fernández, quien dijo que en la misma zona actúa el Comando Unificado Conurbano, pero solo pidiendo documentos arriba de los colectivos, que es como decir que te paran por portación de cara pero te dicen permiso y gracias. Por su parte, Berni defendió el procedimiento y dijo que “un cacheo similar se hace en las canchas y nadie levantó la voz”. Bueno, digamos que naturalizar la estigmatización tampoco es algo de lo que ufanarse.
Tanto el cacheo como el pedido de documentos de manera supuestamente aleatoria sientan un precedente complejo. Según Gendarmería, ellos suben a los colectivos al azar para pedir que ciertas personas se identifiquen y consultar sus antecedentes. ¿Pero cuál sería el motivo de esa solicitud? ¿Y la presunción de inocencia? I don’t know her. Digo que sienta un precedente preocupante porque los motivos que pueden llevar a las fuerzas de seguridad a parar un colectivo para pedir documentos son infinitos: hoy es la pretendida prevención del delito, mañana no se sabe. Si bien Gendarmería, Prefectura y la policía están habilitados a pedir el DNI a cualquier persona a partir de una resolución que firmó en 2019 la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (¡sorpresa!), no existe en nuestro país ninguna ley que obligue a las personas a llevar consigo su documento de identidad y, por lo tanto, nadie puede ser detenido por no tenerlo encima. Y como nadie puede ser detenido sin causa razonable ni orden judicial, ¿entonces qué están buscando con que el Comando Unificado pare bondis aleatoriamente para pedir documentos al azar? Se me ocurren dos hipótesis no excluyentes: por un lado, farolear para mostrar movimientos y por el otro, profundizar la ya existente estigmatización de la pobreza, en este caso, a partir de la portación de cara (sin ir más lejos, sólo requisaron y pidieron el DNI a varones). Y esto es lo más preocupante.
Pensemos mediante un ejemplo: si un efectivo de una fuerza de seguridad encuentra a una persona robando una mochila aparece lo que se llama flagrancia, es decir, que el delincuente fue sorprendido cometiendo el delito (o inmediatamente después) y por supuesto que puede —y debe— ser detenido, no hay discusión ahí. Ahora, si no existe flagrancia, ¿bajo qué presunciones las fuerzas de seguridad le piden a una persona que se identifique o, aún, la retienen si no pueden acreditar su identidad? En el caso de la Policía Federal, por ejemplo, solo puede demorar a las personas para establecer su identidad siempre que se den dos cosas a la vez: cuando existan circunstancias que permitan presumir que cometió o está por cometer un delito o contravención y si no puede acreditar su identidad.
Volviendo a los cacheos: concretamente, se trata de un procedimiento que realiza una fuerza de seguridad en la que palpa superficialmente la ropa de una persona para revisar si tiene armas u otros elementos peligrosos. Y para una requisa, es decir, para un registro personal en el que se buscan elementos relacionados con el delito, tanto en el cuerpo como en los objetos que tenga la persona (cartera, bolsos, auto) tiene que haber una sospecha razonable de que esa persona puede estar involucrada en un delito. ¿Cuál sería la sospecha por la que se les pide a unos y no a todos que bajen de los colectivos para ser requisados mientras van a trabajar (los controles, según informó Gendarmería, se hacen de 4 a 8 am)? El argumento de la aleatoriedad no resulta demasiado convincente.
Esta discusión aparece en un momento en que la campaña electoral tiende a correrse hacia la derecha, especialmente en temas de seguridad. Y parecería que lo que está en discusión es un principio básico del Estado de Derecho: la presunción de inocencia. Y, para sorpresa de nadie, es un tema que recae una vez más en personas que parecen delincuentes. ¿Y qué es en nuestro país “parecer un delincuente”? Lo llamaría, sin lugar a dudas, cumplir con ciertas características que implican la presunción de pobreza.
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PERPETUA PARA LOS ASESINOS DE BLAS CORREA EN CÓRDOBA
Javier Alarcón y Lucas Gómez, los dos policías acusados de matar a Blas Correa fueron encontrados culpables por unanimidad por un jurado popular y condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas de seguridad y por homicidio en grado de tentativa contra los amigos que viajaban en el auto con Blas. Además, otros once policías fueron condenados por falso testimonio y por encubrimiento.
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Qué más: queda otra causa que fue elevada a juicio; después del ataque, los amigos llevaron a Blas al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. Los empleados del lugar Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo están imputados por abandono de persona y omisión de auxilio.
PERPETUA PARA LOS ASESINOS DE LUIS ESPINOZA EN TUCUMÁN
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El caso: el 15 de mayo de 2020, en un supuesto operativo por la cuarentena, policías de civil y en autos sin identificación detuvieron y golpearon a Luis y a su hermano Juan, que quedó inconsciente. En ese momento, Juan no supo qué había pasado con su hermano, aunque llegó a ver que uno de los policías disparaba contra Luis y que lo cargaban en una camioneta. La familia Espinoza fue esa misma noche a la comisaría, donde les aseguraron que no sabían nada. El 22 de mayo, tras una semana desaparecido, el cuerpo de Luis fue hallado en un barranco sobre la ruta 65, en el límite entre Tucumán y Catamarca.
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